En lo que va del año la Ciudad de México solo ha contado con 77 días con un medio ambiente limpios, sin elevados índices de contaminación, confirmado por el propio Sistema de Monitoreo Atmosférico, lo que obliga a acelerar las acciones institucionales para que en un plazo no mayor a 17 años los vehículos que circulen en la metrópoli sean eléctricos.
Lo anterior fue declarado por el coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad del Congreso local, Jesús Sesma Suárez, quien refrendó la importancia de aprobar en el órgano legislativo el dictamen con el que se pretende que todos los vehículos que circulan en la capital del país sean eléctricos para el 2040 con el objetivo de recuperar la buena calidad del aire.
Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del recinto de Donceles y Allende, aclaró que el aire en la urbe es cada vez menos respirable porque tiene niveles de contaminación del 80 por ciento mayores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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En ese sentido y en el marco del Día Interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE), que tiene lugar el segundo viernes de agosto de cada año, recordó que desde el inicio de la II Legislatura del Congreso impulsó modificar la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a fin de transitar a un parque vehicular totalmente eléctrico en la Ciudad de México.
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Fundamentó que la reforma consiste en establecer que la estrategia local de cambio climático, considere como una de sus metas desarrollar los incentivos necesarios para impulsar medidas que motiven una renovación más acelerada de las unidades del parque vehicular, para la sola existencia de circulación de automóviles eléctricos para el año 2040.
De igual forma, impulsar desincentivos pertinentes para la eliminación total de unidades de combustión interna.
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Señaló que para lograr lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del gobierno capitalino, estaría obligada a coordinarse con las autoridades competentes y los sectores de la sociedad involucrados, para que juntos diseñen, desarrollen y apliquen los instrumentos económicos necesarios, además de promover la investigación, el desarrollo científico, técnico y tecnológico para cumplir la meta mencionada.
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