En la Ciudad de México, el 1.8% de la población se identificó como afrodescendiente, sobre todo en las Alcaldías de Tláhuac, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, revela la Encuesta Intercensal 2015.
Ante ese hecho, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró el reconocimiento constitucional de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas por parte del Poder Legislativo federal.
No se debe olvidar que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoció específicamente los derechos de las personas afrodescendientes, después de Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
La CDHCDMX consideró que era imprescindible la Declaratoria del Congreso de la Unión de la Reforma Constitucional en materia de reconocimiento a las personas afrodescendientes para subsanar la deuda de invisibilidad y exclusión que han enfrentado por más 400 años.
La adición del Apartado C, al Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación.
El Organismo Defensor se congratula por la ratificación que el Congreso de la Ciudad de México dio a la minuta enviada por el Legislativo Federal, así como su compromiso para coadyuvar a la elaboración de políticas públicas e instauración de acciones que permitan el pleno desarrollo, crecimiento y abatimiento de la discriminación que históricamente ha enfrentado este grupo de la población.
Para esta Comisión de Derechos Humanos, la adición constitucional significa un momento histórico para México, pues desde su llegada a este territorio, la población afrodescendiente ha padecido discriminación estructural, a través de un desigual ejercicio de sus derechos humanos, tanto a nivel individual como colectivo.
Ya en octubre de 2018, organizaciones civiles solicitaron, en el marco del 169 Período de Audiencias, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el reconocimiento constitucional por parte del Estado mexicano hacia la población afromexicana.
Para esta Comisión, el Poder Legislativo federal tiene ante sí el reto ineludible de diseñar una adecuada legislación secundaria; y el Ejecutivo el reto de implementar de políticas públicas que subsanen la brecha de desigualdad.
