En los próximos días el Primer Tribunal Colegiado del 27mo. Circuito resolverá si 75 familias del ejido José María Pino Suárez, en Tulum, Quintana Roo, pierden o conservan su patrimonio. De acuerdo con la defensa legal de los ejidatarios se hizo una solicitud expresa para que tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura Federal vigilen este proceso y revisen la resolución de los tres integrantes del colegiado.
Los ejidatarios, por escrito, presentaron el reclamo de vigilancia sobre los tres integrantes del Primer Tribunal Colegiado del 27mo. Circuito: Alfonso García Lanz, Laura Granados Guerrero y Gerardo Dávila.
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El documento se entregó a la Suprema Corte y es un reporte pormenorizado de las irregularidades que han enfrentado los ejidatarios por evitar ser desposeídos de sus tierras.
La expectativa sobre el actuar de los magistrados, según la fuente, es poco optimista si la ministra Norma Piña no vigila como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, ya que la resolución podría ser similar a las que tribunales agrarios han emitido en el caso, a favor de los grupos de empresarios privados a quienes fueron vendidos terrenos que originalmente –desde 1973 pertenecían a las familias del ejido José María Pino Suárez, pero les fueron arrebatados mediante un fraude inmobiliario hace medio siglo.
La historia detrás del juicio
En 1973, cuando el territorio de Quintana Roo estaba en proceso de convertirse en entidad federativa, una persona de nombre Antonio González Avilés era poseedor de dos predios: uno de 105 hectáreas en la Delegación de Cozumel (hoy Tulum), sin título de propiedad, y otro de 49 hectáreas en la delegación Felipe Carrillo Puerto (municipio del mismo nombre) llamado Punta Piedra, de 49 hectáreas, acreditado con el título de propiedad número 673 de fecha 27 de diciembre de 1948.
Ese mismo año, el gobierno creó el ejido José María Pino Suárez y González Avilés perdió el predio de 105 hectáreas en Tulum. Sin embargo, el decreto fue insuficiente para evitar que dos años después modificara la ubicación del predio de 49 hectáreas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo.
En 1975 registró el terreno de 49 hectáreas que tenía en Felipe Carrillo Puerto –a 95 kilómetros al sur de Tulum como si estuviera en la zona donde se creó el ejido.
Es decir, para recuperar su terreno en lo que hoy es Tulum usó los planos y registros de un predio en Carrillo Puerto como si estuviera en el ejido Pino Suárez y lo dividió en 10 fracciones que vendió a los Grupos Garza Ponce y Alfil que hoy, pese a conocer todo el soporte documental que sustenta la exposición del fraude inmobiliario cometido por González Avilés, insisten en asumirse dueños de los predios en perjuicio de las familias locales.
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El conflicto
La defensa del ejido comenzó en 2013, y las evidencias del fraude fueron expuestas, sin embargo, la documentación señalada fue un argumento desestimado por el Tribunal Agrario del Distrito 44, en Chetumal, que resolvió a favor de los grupos empresariales, fue entonces que las familias del ejido interpusieron otro recurso legal en contra de esta resolución ante el Tribunal Superior Agrario, que resolvió de la misma forma.
La defensa de los ejidatarios promovió otro recurso legal –el amparo directo 564/2021 ante el Primer Tribunal Colegiado del 27mo. Circuito y es el que está por resolverse. Por eso las familias enviaron un documento –el 6 de enero de este 2023 a la presidenta de la Suprema Corte para enterarla del caso.
Norma Piña, magistrada presidenta, queda enterada del fraude de superposición de terrenos realizado a favor de González Avilés y la venta de los predios ejidales, así como las resoluciones.
Lo que ocurra con el ejido podría quedar no solo a cargo de los tres magistrados correspondientes, sino también en poder de Piña Hernández quien, a pocos meses de encabezar el máximo órgano de justicia del país, tiene ahora la responsabilidad de vigilar a sus compañeros y evitar lo que ya configura un despojo.
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