A casi 60 días de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendiera el suministro de energía a la planta cementera La Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, trabajadores y sus familias exigen al gobierno y al Poder Judicial Federal la restitución del Estado de Derecho y poner fin a la evidente impunidad.
En estos dos meses los recursos jurídicos ante jueces y magistrados federales le han dado la razón a los trabajadores de la planta, quienes han visto la parálisis total de sus actividades con pérdidas de más de 800 millones de pesos, según estimaciones del complejo laboral.
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La suspensión de la energía eléctrica, señalaron, no es más que un acto de impunidad y tráfico de influencias orquestado por el grupo que representa Víctor Manuel Velázquez y su abogado Rafael Anzures, hijo del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures Uribe.
De hecho, los trabajadores de la planta La Cruz Azul volvieron a obtener un triunfo en un tribunal colegiado, con lo cual se ordena nuevamente a la CFE, que encabeza Manuel Bartlet Díaz, la reinstalación del suministro eléctrico. De incumplir este ordenamiento único y definitivo de la justicia federal, el titular de la CFE puede enfrentar una causa penal por desacato.
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En los últimos dos meses los trabajadores de la cementera han padecido enfermedades, carencias económicas, dificultad para cumplir con compromisos económicos y algunos sin la posibilidad de que sus hijos asistan a la escuela.
Hasta el momento ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se ha pronunciado por este caso y menos aún se han preocupado por el bienestar de la fuerza laboral y sus familias.
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