Derivado de Covid-19 se han observado las complicaciones y el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que padecen diabetes, hipertensión y obesidad, ante el abandono en la prevención de la salud, así como nulas políticas a favor de una alimentación saludable y a la poca información sobre productos con alto contenido de azúcares, sin dejar a un lado la falta de regulación de éstos.
Resulta que, en México, la mala alimentación y los problemas relacionados con ella, no son un tema nuevo.
El aumento considerable de mortalidad derivado de la pandemia que se vive por el coronavirus proviene de problemas por mala alimentación, lo que hace evidente un trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, para garantizar el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Por lo que hace al derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en niños y adolescentes, el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Rodríguez Díaz de León, pugnó por abordar a fondo el tema, porque “los estragos que hoy estamos padeciendo por la emergencia sanitaria, tienen una relación innegable con nuestros hábitos y consumos”.
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En su momento, quien fungió en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México como vicecoordinador de la diputación morenista, estuvo a favor de avanzar en la construcción de un modelo transversal que permita establecer un proceso de transformación en materia de derecho a la salud y la sana alimentación.
“Tenemos el reto de garantizar los derechos humanos. No se trata de generar una cultura prohibicionista, sino una posibilidad real de transformar los hábitos que han colocado a la población de la capital en una situación de riesgo”, expresó Rodríguez Díaz de León, a quien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó quitarle la diputación local para la II Legislatura y es así que no prosperó su reelección.
Mientras tanto, al participar en el foro “El derecho a una alimentación sana, nutritiva y suficiente en niñas, niños y adolescentes”, la titular de la Secretaría de Salud de la capital del país, Oliva López Arellano, consideró que el contexto actual que se vive es una oportunidad para avanzar en garantizar el derecho a la salud de todas las personas que habitan en la Ciudad de México.
Se refirió a la importancia de ver el derecho a la salud desde una perspectiva integral y no sólo con enfoque de mercado como se ha venido haciendo desde hace años. “Parte de las regulaciones que se están implementando ahora tienen que ver únicamente con atención médica y sanitaria, regular los etiquetados, la venta de productos con alto contenido calórico”.
En ese foro organizado en el marco de la I Legislatura la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, aludió que, en la dependencia a su cargo, el derecho a la salud se ve desde una perspectiva integral y más amplia.
“Para nosotros, la tarea de la salud requiere trabajar en políticas públicas que atiendan todos los aspectos que impactan en la salud de las personas, no es una tarea o una responsabilidad únicamente de las personas, debemos observar y atender sus contextos sociales, culturales, laborales y económicos”.
Reconoció que se debe construir una plataforma de garantía de otros derechos como mejores espacios públicos, acceso al agua, a la vivienda, a un ambiente sano, a una vida digna, además de los servicios médicos, a fin de lograr impactar de forma importante en las condiciones de salud.
“Si sumamos la perspectiva de regulación y monitoreo, atención médico-sanitaria, acciones de salud comunitaria, que las personas tengan acceso a alimentos de calidad, la disponibilidad de agua, un espacio público para que puedan hacer ejercicio, activación física y movilidad, entonces podremos avanzar en producir una vida saludable”, declaró.
Llamó a que no solo se actúe en el etiquetado, impuestos o regulaciones; “no será suficiente, debemos trabajar por una atención integral en donde se involucre gobierno, Poder Legislativo, sociedad civil y todas las personas”.
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Crisis en padecimientos por obesidad y sobrepeso
A su vez, la postura de quien fungió como presidenta de la Comisión de Salud en el Legislativo local, María de Lourdes Paz Reyes, es que resulta fundamental el compartir reflexiones y propuestas con relación a la obesidad, sobrepeso, así como salvaguardar los derechos de los menores de edad al consumo saludable.
La diputada reelecta de Morena, dijo que, en la actualidad, el incremento del sobrepeso y la obesidad en edades tempranas, es uno de los principales problemas de salud que enfrentan los gobiernos.
Mencionó que es importante revisar el estado actual del combate a la obesidad, con el objetivo de informar y desarrollar un criterio respecto a las acciones que se requieren para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, además de contar con un marco jurídico y de información que permita a la población llevar una vida saludable.
En sus participaciones expertos coincidieron en que actualmente el país vive una crisis en padecimientos derivados de la obesidad y sobrepeso, mismos que deben atacarse desde la niñez para generar adultos sanos.
De ahí que se deban hacer cambios en los hábitos de consumo de alimentos chatarra e industrializados que son altos en azúcares y en grasas, para favorecer la ingesta de frutas, verduras y granos, entre otros, así como generar políticas públicas, cambios legislativos e incremento en el ingreso de las familias menos favorecidas, para modificar los hábitos de consumo en la población.
Con relación al panorama epidemiológico y consecuencias de la mala nutrición y consumo de alimentos de baja calidad nutricia en niños y adolescentes, así como la desigualdad alimentaria e ingerir alimentos de alto riesgo en la era de las pandemias, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Abelardo César Ávila Curiel, recordó que hace 28 años se vislumbraba un panorama poco alentador en temas de salud, en cuanto a la relación de la alimentación y las enfermedades crónicas no transmisibles; “el futuro nos alcanzó sobre lo que se dijo en la reunión de agosto de 1992”.
Hizo notar que 80 por ciento de quienes llegan a los hospitales con síntomas de Covid-19 tiene comorbilidades por daño metabólico. “La pandemia revela que, en términos de mortalidad, ésta se adquiere cinco veces más por los padecimientos relacionados a la obesidad, sobrepeso y la diabetes”.
En su momento, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, puntualizó que las principales causas de mortalidad en México las encabezan las enfermedades cardíacas, seguidas de la diabetes, tumores malignos, enfermedades hepáticas, cerebrovasculares, respiratorias, accidentes e insuficiencia renal.
Por ello se trabaja en la transformación del sistema agroalimentario y del modelo de atención primaria de la salud, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para establecer estrategias de prevención de la mala nutrición en niños y adolescentes.
El director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto de Salud Pública, Simón Barquera, estimó prioritario modificar aspectos del ambiente alimentario como impuestos, etiquetado, lineamientos en escuelas, protección de la lactancia, la regulación de la publicidad y la protección de la infancia para que no puedan acceder a los alimentos malsanos. Ello reduciría el gasto en consultas médicas y hospitalizaciones generadas por las enfermedades crónicas no transmisibles.
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Pobreza, desigualdad y alimentación
Dentro del desarrollo del tema de la desigualdad alimentaria y el consumo de alimentos de alto riesgo en la era de las pandemias, la especialista en temas de pobreza, desigualdad y alimentación, Paloma Villagómez, estimó que la alimentación tiene mucho que ver con las desigualdades económicas, que se reproducen en la “distribución inequitativa de los recursos sociales y económicos, en la segmentación y jerarquización económica y en especial del mercado, así como en la segregación de los espacios del consumo, sus relaciones sociales y sus prácticas”.
Mientras, el presidente del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, destacó que el país tiene el primer lugar en el consumo de alimentos procesados que originan obesidad, por lo que dio a conocer un decálogo que busca coadyuvar a controlar el problema de obesidad: regular la disposición de la comida chatarra y de bebidas azucaradas en los supermercados y las tiendas de conveniencia; que la venta de los paquetes infantiles no incluya refresco ni regalos; prohibir la instalación de máquinas vendedoras de comida chatarra en escuelas, hospitales y edificios públicos; no permitir la publicidad de ciertos productos en puntos de venta.
Además, regular la venta de comida chatarra afuera de las escuelas y la publicidad de estos productos a su alrededor; implementar la obligatoriedad de instalar dispensadores de agua en los centros comerciales, educativas, estaciones de autobuses, edificios y espacios públicos; ofertar agua gratuita como primera opción en los restaurantes; implementar un programa de venta de frutas y verduras en todos los barrios, y de un programa de revalorización de los productos del campo y nuestra cocina.
La legisladora morenista Paz Reyes, aludió a la importancia de que se insista en el derecho a la buena alimentación, que ya se encuentra consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que es indispensable generar políticas públicas que lo garanticen.
“Es tarea del Poder Legislativo adecuar el marco normativo, teniendo en cuenta el interés superior de la niñez y los adolescentes”, que permitan el cumplimiento del derecho a la buena alimentación, acotó.
El planteamiento de representantes populares es que un Congreso democrático no sólo debe representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad, también ser transparente en todas las funciones que desempeña, así como ser responsable por todas sus acciones, eficaz para la atención de las demandas y, lo más importante, ser un espacio público, dispuesto al escrutinio y participación de la sociedad.
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