El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario del Congreso del Estado de México, Ariel Juárez Rodríguez, afirmó que la corrupción que impera en las cárceles de la entidad deja elevadas derramas, pues dijo que tan solo en el pase de lista a los reclusos se les exige 5 pesos, y la población encarcelada es de 34 mil 475.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado, quien subió a la tribuna durante la sesión de hoy para presentar una propuesta de reforma al Código Penal de la entidad e incluir un nuevo delito, el pago por pase de lista es solo una expresión de actos corrupción, mismo que estaría dejando alrededor de 172 mil 375 pesos diarios, cantidad de dinero que no se sabe a ciencia cierta qué destino tiene.
El legislador dijo que el proyecto que impulsa su fracción parlamentaria busca garantizar la integridad física de los reclusos, así como el respeto a sus derechos humanos, además de eliminar los abusos de las autoridades penitenciarias y cobros que realizan.
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“Es por muchos sabido y conocido al interior de los centros penitenciarios reinan los abusos de parte de las autoridades o servidores públicos, sometiendo a castigos inhumanos a las personas privadas de su libertad, permitiendo que estos sean golpeados por otras y en muchos casos el autogobierno al interior, solapado por los directores de las cárceles”.
Ariel Juárez denunció que las personas privadas de su libertad no deben ser sujetos de extorsión al tener que pagar o cubrir cuotas por su permanencia, como los 5 pesos por el pase de lista, y de los cobros a los familiares para poder ingresar alimentos en los días de visita, los cuales llegan a alcanzar los mil a mil 200 pesos.
Por ello, dijo, los diputados de Morena determinaron presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona al Capítulo II Ter, el Delito por Autoridad Penitenciaria, al Subtítulo Primero, Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, del Título Tercero, Delitos contra las personas, Libro Segundo del Código Penal del Estado de México, a fin de que las condiciones de internamiento garanticen una vida digna y segura para todas los reclusos.
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“Debemos recordar que las personas que están privadas de la libertad no deben ser tratadas peor que animales, ni siquiera los animales merecen ningún tipo de castigo y menos los PPL que están sujetos a amenazas, chantajes, extorsiones, violaciones o malos tratos en sus derechos humanos”, dijo.
Aseveró que la iniciativa propone la adición de un capítulo del Código Penal y sancionar las lesiones y en su caso la muerte que pueda sufrir una PPL por la acción u omisión de los servidores públicos que trabajan en los centros penitenciarios y que a su vez dependiendo el tipo de trato o maltrato sean sancionados con cárcel.
Afirmó que en el Estado de México existen 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, en los cuales hay 34 mil 475 PPL, lo que ocasiona sobrepoblación, hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos, y en muchos de los casos abusos de las autoridades penitenciarias, violando de manera flagrante los derechos humanos.
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Agregó que las prisiones operan con un reglamento que data desde 1992, además los presupuestos destinados a la secretaría de Seguridad para los penales no se aplican.
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Enfatizó que una persona que haya cometido un delito, debe pagar por el mismo de conformidad con lo que determine la legislación aplicable. Pero eso no debe ser motivo para que sean violados sus derechos humanos y sobre todo sujeto a las agresiones de parte del personal penitenciario.
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