Al rendir su Cuarto y último Informe de labores, la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos arremetió contra legisladores del PRI y PAN que votaron en contra de su ratificación a quienes calificó de minoría y dijo que "esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos, les dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Adelantó que a partir de este miércoles seguirá en las calles defendiendo a las víctimas, principalmente a las mujeres que son víctimas de violencia de género.
Y, afirmó: "es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política, solo la corrupción; esencialmente, los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política", destacó.
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En claro discurso y en tono enérgico, la fiscal agregó: "sabíamos a quiénes nos enfrentábamos, por ello era indispensable dar esta batalla, porque la procuración de justicia es un asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe de saber quién está de cada lado.
"Me sometí a un proceso de ratificación con conocimiento que existía un veto en contra de mi persona, dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política para delinquir; por eso me honra, me honra mucho, el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México: el 62 por ciento de sus integrantes se pusieron de lado de la justicia.
Agradeció a los legisladores que le dieron su respaldo, así como a las colectivas, de organizaciones, familiares de víctimas con quienes trabajó juntas y juntos durante estos cinco años de su gestión.
El 2018, año en que más delitos se cometieron
La fiscal Ernestina Godoy señaló que a finales del 2018, la Ciudad de México pasaba por su peor momento en temas de seguridad y justicia; "fue el año en que más delitos se cometieron en toda la historia de la ciudad, las autoridades negaban la existencia de fenómenos criminales, omitían investigar y reclasificaban delitos graves para cuidar la estadística.
"Opacidad, corrupción, ineficiencia, malos tratos, enormes tiempos de espera, negligencia, filtraciones, fabricación de culpables, revictimización, omisiones, investigaciones deficientes, prácticas de tortura, complicidad con la delincuencia, falta de personal, atraso tecnológico, violaciones al debido proceso, amiguismo, nepotismo, utilización de las instalaciones para cárceles clandestinas: esta es la imagen de la procuraduría que encontramos, una procuraduría que se quedó atrás, anclada a viejas prácticas y detenida en el tiempo, las instalaciones abandonadas y había poco interés en la atención de las víctimas.
"Encontramos una policía carente de espíritu de cuerpo, corrompida por la falta de interés de la institución y con el ejemplo de sus mandos actuando fuera de la ley. Llegamos a una institución con tecnología obsoleta, carente de infraestructura tecnológica para el desarrollo de la investigación profesional y efectiva", subrayó la fiscal.
En materia de derechos humanos, dijo, se habían acumulado quejas y recomendaciones sin siquiera establecer un diálogo con las instancias de derechos humanos y mucho menos con las víctimas, era una procuraduría que trabajaba de manera aislada, sin coordinación con las demás áreas de gobierno, incluso confrontada con la Secretaría de la entonces Seguridad Pública.
"Puedo decir que, desde el inicio, combatir la corrupción interna y remediar la mala atención a las víctimas fueron tareas urgentes, pero también establecer los pilares para la necesaria transformación institucional que permitiera el desarrollo de nuestro plan de política criminal, ese, y que no se nos olvide, fue nuestro punto de partida.
"En cinco años se produjo un cambio profundo y sin retorno. La creación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México representó una oportunidad única para construir una verdadera institución al servicio de la justicia, una Fiscalía a lado de las víctimas, con perspectiva de género, sin discriminación, con mejor atención y eficiente en la recepción de las denuncias, que investiga con profesionalismo y con rigor científico, que respeta los derechos humanos y combate todas las expresiones criminales con inteligencia y con firmeza", subrayó Godoy Ramos.
Y, abundó: "nos trazamos cuatro grandes objetivos: ubicar a las víctimas en el centro de todas y cada una de nuestras actuaciones; implementamos un Modelo de Atención Integral a Víctimas conformado por una serie de herramientas prácticas dirigidas al personal sustantivo y otros operadores durante todas las etapas del proceso. Nos planteamos implementar un nuevo modelo de investigación para combatir la impunidad: más y mejores policías de Investigación".
Ernestina Godoy, aseguró que "el éxito de la Estrategia de Seguridad es la reducción de la violencia, la piedra angular de esta reducción ha sido el combate a la impunidad.
"Resalta el hecho de que desde el inicio de mi gestión se aplica el protocolo de feminicidio para la investigación de toda muerte violenta de mujeres, así como la creación de las Unidades de Análisis de Contexto como apoyo fundamental para la investigación de los delitos.
Destituye a 128 ministerios públicos
La fiscal fue más allá al dar a conocer que desde el inicio de sus funciones de esta administración, reveló que se destituyeron a 128 ministerios públicos, 25 peritos y 179 policías de Investigación por actos de deshonestidad o traición al servicio público.
“Soy la única fiscal –hasta el día de hoy– que salió a las plazas a dar audiencias públicas y atender a las víctimas. Realizamos 41 audiencias ciudadanas en 14 demarcaciones territoriales, atendimos a más de 4 mil personas, de las cuales, al menos pude brindar atención personal a más de 500. Esto nos permitió escuchar directamente los problemas y atender las fallas.
Captura de objetivos prioritarios
Contamos, de 2021 al 2023, con el registro de detención de mil 600 objetivos prioritarios, generadores de violencia, pertenecientes a diversos grupos de alto impacto, grupos delincuenciales, 102 líderes de las principales organizaciones criminales, generadores de violencia en la Ciudad de México: Cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, “Los Rodolfos”, “Los Tanzanios” y “Los Maceros”, solo por hablar de algunas.
Combatimos, agregó, la corrupción “porque no solamente es una obligación legal, sino por convicción personal. No haberlo hecho, habría significado incumplir con un mandato constitucional y traicionarnos a nosotros mismos y por la vía de los hechos, proteger actividades ilegales.
“La función del Ministerio Público no se sujeta a cálculos políticos. La Fiscalía General de Justicia es el órgano que ejerce la función de procurar justicia con independencia del poder político y de los poderes económicos.
“Descubrimos el desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio de la ciudad por parte de exservidores públicos del más alto nivel del gobierno de Miguel Ángel Mancera, a quienes acreditamos la existencia de delitos graves de corrupción. No se trata de hechos aislados o actos que pudiesen realizarse sin el conocimiento y participación de las más altas autoridades de esa administración.
“También investigamos y presentamos acusaciones penales en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, quienes establecieron una organización destinada a autorizar obras y edificaciones fuera de la ley a cambio de cuantiosos recursos económicos o a cambio de inmuebles.
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“Desde 2015 operaba esta red de funcionarios corruptos y ahora hemos logrado sentencias y reparación del daño de personas que ya aceptaron su responsabilidad penal y aportaron elementos para probar acusaciones contra otros servidores públicos.
“Nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley, ni cedimos a presiones para liberar a dirigentes del PRI y del PAN detenidos por explotación sexual de mujeres y delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria, a cambio de su voto por la ratificación.
“De haber cedido, habríamos logrado extender cuatro años más nuestro periodo al frente de la Fiscalía, pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con aquellos que usaron la función pública para actuar en contra de los ciudadanos. Ninguna, ninguna ratificación vale la pena si ello significa negociar la justicia y los principios.
“Creo en la democracia como forma de vida y como sistema de organización política, por ello las ciudadanas y los ciudadanos de la capital deben estar informados para decidir si quieren mantenerles el derecho de veto a un grupo político que solo busca la impunidad.
"Voy a las calles"
Concluyó al señalar que “con respeto a la ley, saldré a informar desde mañana, saldré a informar a la gente y a luchar contra la corrupción. Voy a las calles, voy a informarles del grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos a los que explotaban sexualmente a las mujeres.
“Durante el tiempo de mi encargo al frente de la Fiscalía, hemos afectado intereses de grupos criminales y de políticos que se asociaron para cometer delitos, de los feminicidios y de quienes los encubren, de quien despoja a la gente de sus propiedades, de aquellos que se creían intocables; pero hemos logrado aproximar la justicia a las víctimas, y eso es lo más satisfactorio del trabajo que realizamos, eso me da una gran fuerza y una gran confianza para seguir adelante”, finalizó la fiscal Ernestina Godoy.
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