Las personas legisladoras de las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, determinaron aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de ese órgano deliberativo, mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia recaída en la Acción de Inconstitucionalidad 109/2021, sobre la declaración de invalidez de los artículos del 30 al 36 y del 38 al 40 de la Ley de Educación local, en materia de educación indígena y de educación inclusiva.
Ante ello, resulta que el Poder Legislativo local decidió emprender una consulta sobre los dos temas, con la participación de diversas organizaciones, sin hacer a un lado las que vigilan los derechos humanos.
Quedó establecido por los representantes populares que para atender la sentencia, los integrantes de las comisiones de Educación, de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del reino de Donceles y Allende, deberán emprender el proceso legislativo respectivo.}
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Las comisiones de Educación, de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas, deberán realizar una consulta a las personas integrantes de estas poblaciones para legislar en materia de educación indígena.
A su vez, las comisiones de Educación y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales harán lo propio, en lo que respecta a la consulta a las personas con discapacidad, para legislar en materia de educación inclusiva.
Dentro del acuerdo de la JUCOPO se expone que se deberán hacer las gestiones necesarias para que los procesos de consulta sean acompañados por organismos e instituciones públicas competentes en estas materias, así como en derechos humanos.
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Asimismo, se deberá contar con la participación de instituciones privadas, especialistas y toda persona interesada en lo individual, que garanticen la más alta accesibilidad, transparencia, difusión y participación.
En tanto que se instruyó a las unidades administrativas del Congreso local a que dentro de sus competencias y atribuciones, proporcionen el apoyo y facilidades a las comisiones señaladas para el desarrollo de los procesos de consulta.
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