Prisión entre seis y 12 años a quien provoque la muerte de cualquier especie de animal doméstico o de compañía, con el fin de comercializar su carne para consumo humano, además de multas que van de los 144 mil 330 a los 288 mil 660 pesos, promueve la integrante de la bancada del PRI en el Congreso de la ciudad de México, Maxta González Carrillo.
La diputada, para tal efecto, presentó una iniciativa para reformar los artículos 25 y 65 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como el 350 quater del Código Penal local.
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Fundamentó que la iniciativa busca abonar en favor de la defensa de los animales, primordialmente para aquellos que no son para el abasto y consumo humano, como son los perros y gatos; para castigar a quienes los sacrifiquen, con el fin de comercializar de manera ilegal su carne para consumo humano.
Estuvo a favor de que al que provoque la muerte de cualquier especie de animal doméstico o de compañía, con el fin de comercializar su carne para consumo humano, se le impongan de seis a 12 años de prisión, así como una multa de mil 500 a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
Hizo notar que muchas personas, no conformes con la explotación y comercialización de animales de compañía, que ya es un millonario negocio, también venden su carne, sin importar el daño a la salud que pueden provocar.
Expuso que a pesar de que la práctica todavía no se convierte en un problema de salud pública, de no prevenir y realizar acciones que inhiban la situación, más adelante podría convertirse en un serio problema.
Refirió que de cualquier manera, resulta muy reprobable que se maltrate a perros y gatos, principalmente para comercializar su carne, a pesar de que, en ninguna norma, se menciona que esté permitida para el consumo humano.
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Citó reportes de casos como el ocurrido en abril pasado, cuando dos personas fueron detenidas en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, por criar perros que durante diez años vendieron en tacos afuera del metro Tacuba.
La iniciativa de González Carrillo fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y la de Administración y Procuración de Justicia.
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