La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, promueve que todo servidor público del área educativa atienda a víctimas de acoso sexual o violación, además de que den parte en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina los ataques que se detecten y presenten en las instituciones públicas o privadas dedicadas a la educación.
Como diputada proponente, la priísta Tania Larios Pérez señaló que, ante la denuncia por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, las personas servidoras públicas con cargos de directivos, docentes, investigadores, administrativos o de servicio profesional especializado, deberán canalizarlo al área jurídica correspondiente.
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Lo anterior a fin de ejecutar el levantamiento del acta administrativa que será canalizada a la contraloría interna de la Secretaría de Educación Pública para los procesos e investigaciones a que haya lugar.
Aunado a ello, se proporcionará la orientación y asesoría que requiera la persona víctima de los hechos.
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Al fundamentar desde la tribuna del recinto de Donceles y Allende la iniciativa turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Larios Pérez dijo que se trata de reformas legales para que toda persona servidora pública del sector educativo tenga la obligación de otorgar a las víctimas de hostigamiento, acoso sexual o inclusive violación, orientación y asesoría e inclusive llevar a cabo el procedimiento correspondiente para hacerlo del conocimiento de las autoridades procuradoras de justicia en la metrópoli.
Estuvo a favor de adicionar, para tal efecto, un artículo 64-Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, a la vez que dio cuenta que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2017 México fue el primer país en el mundo con más casos de abuso sexual de menores de 14 años de edad registrados; las niñas fueron las más afectadas por esa conducta antijurídica.
Expuso que la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como las autoridades educativas de las entidades federativas han acumulado al menos cinco mil 110 casos con denuncias de abuso sexual en planteles de los tres niveles de educación básica, no solo de escuelas públicas, sino también escuelas privadas; en muchos de estos casos, los victimarios son maestros, personal auxiliar y conserjes de los planteles educativos.
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En atención a esta situación, la letgisladora local propuso establecer en el artículo 64 bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que será obligación de las personas servidoras públicas de todo ente gubernamental y privado, ambos del sector educación, atender a solicitud de toda persona víctima de posibles actos de hostigamiento sexual, acoso sexual o violación, en los procedimientos administrativos que correspondan.
Propuso que los entes enunciados, lleven a cabo acciones para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, ante la presunción de los actos ilícitos mencionados, ya sea en el desempeño o con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones en el servicio público, o al acudir a solicitar un trámite o un servicio dentro del sector educación de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Promueven que todo servidor público del área educativa atienda a víctimas de violencia sexual.
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