La iniciativa para prohibir la comercialización de vapeadores no desaparecerá la venta de estos productos y, por el contrario, puede generar un mercado negro, contrabando y falsificación, lo que representa un mayor peligro para la salud de los consumidores.
Así lo señaló en entrevista para LA PRENSA, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) al convocar a los legisladores a regular la venta de este tipo de productos, porque la prohibición tajante, además de provocar distorsiones en el mercado “hackea” el libre comercio, el libre consumo y el desarrollo económico y comercial.
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Alertó que esta prohibición fortalece la venta de cigarros pirata, alimenta el mercado informal y despersonaliza el derecho a elegir de los consumidores, por lo que destacó que el Estado debe fijar reglas claras al mercado.
“Estamos en contra de todas aquellas medidas que planten la prohibición, porque las prohibiciones comerciales al final del día es la no reglamentación del mercado, y todo aquello que se prohíbe estamos provocando que sea comercializado en el sector informal, en el mercado negro”, indicó Rivera.
Sí se trata de formalizar la economía, ¿por qué se fortalece la informalidad?, cuestionó el líder de ANPEC al señalar que la prohibición de los vapeadores no cancela la demanda de estos productos, ya que los consumidores lo seguirán buscando dónde se venda, y lamentablemente, lo van a encontrar en el mercado informal.
“Esto va a resultar contraproducente al final de cuentas, porque no sabemos qué van a consumir, qué va a comprar y qué le van a vender. Esto saldría del radar del comercio formal, porque al ser un producto prohibido, no significa que desaparezca, sino al contrario se venderá en el mercado informal y se incitará más a su consumo, principalmente a los jóvenes”, alertó.
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Venta de vapeadores
Dejó en claro que no se busca que se vendan los vapeadores, sino que se reglamente la comercialización de este producto bajo los términos que mejor convengan, y de ahí, se aplique la ley a quien la violente.
“Cuando se prohíbe un producto determinado, los resultados son peores”, alertó Rivera al lamentar que precisamente son los más jóvenes los que están adquiriendo los vapeadores. “Si prohíbes algo a los adolescentes o a los jóvenes, lo que estás provocado es que lo haga más”.
Planteó que sí la preocupación es que los jóvenes “vapen”, lo que se tiene que hacer son campañas informativas, llevar conferencias a las escuelas secundarias y preparatorias, que es la edad en la que los adolescentes y jóvenes tienen la inquietud de fumar.
“Sí se prohíbe los vapeadores lo único que se va a provocar es que entren al país como entran todos los cigarros pirata y van a dar a todos los lugares donde se vende piratería, en las calles, en los crucero, y esto no se va a detener”, advirtió Rivera.
Se está perdiendo la oportunidad de regular los vapeadores, que se establezcan reglas claras para que no se puedan vender a menores de 18 años o de 21 años, qué marcas pueden venderse en el país y en qué lugares, etc, pero hay que establecer reglas, porque prohibirlo se está entregando a un mercado de contrabando.
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Un producto que siempre llegará al consumidor
Consideró que ante el gran tamaño de la economía informal que existe en México, la prohibición de vapeadores es una medida inviable, toda vez que este producto encontrará los canales para llegar a los consumidores, como ya ocurre desde ahora.
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“Sí entra la prohibición no significa que la venta va a desaparecer, va a ir a dar al mercado informal o se venderá en internet”, indicó Rivera.
“La prohibición es una falsa salida y si preocupa tanto que este producto se venda en el mercado, lo que se tiene que hacer es una reglamentación que ponga ciertas condiciones a su comercialización, para que las autoridades no lo pierdan del radar y aquellos que incumplan la norma podrán ser sancionados”, apuntó.
Explicó que la prohibición también provocará la invisibilización de este producto, lo que originará que entren al país una gran cantidad de vapeadores producidos en cualquier parte del mundo, sin que se conozca qué contienen y quién los produce.
Las prohibiciones comerciales terminan por alimentar al mercado informal, al ofrecer nuevas mercancías a la venta en este canal, yendo a contraflujo del objetivo primordial de nuestro desarrollo, que es la formalización de nuestra economía. La informalidad termina por pauperizar el trabajo, convirtiéndose en la otra cara del tan festejado aumento al salario mínimo.
El Estado debe fijar reglas al mercado, es su vocación. Está mandatado para ello y en ningún momento y circunstancia lo debe dejar abandonado a su suerte, como es el caso cuando opta por las prohibiciones comerciales. Por ello lo que exigimos es reglamentar, no prohibir.
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