Con el objetivo de integrar a la vida laboral a las personas con Síndrome de Down o trisomía 21, a través de estrategias que formule la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo local (STyFE) del gobierno capitalino, la integrante de la bancada de Morenas en el Congreso de la Ciudad de México, Esperanza Villalobos Pérez, promovió que al respecto la dependencia local actúe con la implementación de una serie de acciones.
La legisladora morenista refirió que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial, se sitúa entre uno de cada mil y uno de cada mil cien recién nacidos.
“El Síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética que trae implicaciones morfológicas, físicas, mentales y sensoriales para las personas que viven con él. Existe evidencia científica que, si ésta condición es atendida de manera oportuna durante la infancia, la persona con trisomía 21 podrá acceder a una mayor calidad de vida, por lo que resulta de suma relevancia la comprensión e implementación de cuidados especiales por parte de la familia”, declaró.
Mencionó que las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general, sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome y su esperanza de vida pasó de los 10 años hasta los 50 años de edad.
Villalobos Pérez difundió que no se conocen los factores que están directamente relacionados con la alteración cromosómica, pero se sabe que uno de ellos es la edad de la madre, ya que las mujeres que se embarazan a los 35 años o más, tienen mayor probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down.
Informó, además, que datos de la Secretaría de Salud (SSA), en México el síndrome de Down ocurre en uno de cada 300 embarazos en mujeres de 35 años; uno de cada cien en mujeres de 40 años y uno de cada 25 en mujeres de 50 años, se presenta esta alteración cromosómica.
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A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y con opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso, se envió el punto de acuerdo presentado por la representante popular.
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