El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones de la Sociedad Civil Acompañantes, exigen el cumplimiento de la recomendación emitida por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Cecilia Jiménez-Damary, quien hizo un llamado al Senado para aprobar el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones.
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Consideran que en el país, entre 2006 y 2021 al menos 379,322 personas han tenido que salir huyendo de sus lugares de residencia por el riesgo potencial o latente de sufrir algún tipo de violencia, constituyéndose en personas desplazadas forzadas internas (DFI).
La violencia en México ha provocado que miles de familias abandonen sus hogares sin que tengan la oportunidad de regresar a ellos, lo que genera heridas profundas en la sociedad y limita la posibilidad de vivir en condiciones dignas, esta situación provoca, además, una pérdida importante de la capacidad de mantener su identidad cultural, denuncian cientos de Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones de la Sociedad Civil y Acompañantes.
Por lo que ante la falta de atención al Desplazamiento Forzado Interno a nivel nacional, comunidades y organizaciones exigen respuestas al Senado, al Gobierno de México.
Las ONGS remarcaron que el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) va acompañado de violaciones múltiples a los derechos humanos, tiene en sus raíces la impunidad y la omisión por parte de las autoridades para impartir justicia y su indiferencia ante la creciente violencia en los diferentes territorios.
Víctimas sin atención
“Hemos visto que las víctimas no son atendidas y por ello, han decidido organizarse y acompañarse en el dolor para hacer valer sus demandas y tener la posibilidad de recuperar la paz, es por ello que se ha articulado el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones de la Sociedad Civil Acompañantes para visibilizar la situación crítica que el DFI ha adoptado en el país.
Demandan que el gobierno de México reconoció en 2019 la existencia y gravedad de los hechos delictivos que originan y tienen como efecto el DFI, admitiendo con ello la necesidad de un marco legal adecuado para el desempeño de las instituciones en atención a esta problemática y que hasta la fecha no existe ese marco normativo
Dicen que la cámara de diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que hoy es una exigencia de las comunidades afectadas por el DFI y que el Senado hasta ahora ha frenado la posibilidad de que exista esta ley.
ONG´s
Las organizaciones civiles refieren que en el Senado las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda expidieron el dictamen correspondiente durante el último periodo ordinario de sesiones del año 2021 sin que desde entonces sea incorporada a la agenda legislativa para su aprobación por el pleno.
Que una comisión de senadoras y senadores se reunió el 31 de agosto de 2022 con Cecilia Jiménez-Damary y le solicitaron recomendar la agilización del proceso legislativo, lo cual se incluyó en su Declaración de Cierre de Misión emitida el 10 de septiembre de este mismo año.
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Es preocupante la falta de respuesta por parte del Senado para generar un marco normativo que proteja a las personas que más lo necesitan, a quienes lo han dejado todo, es preocupante que las políticas de prevención y el seguimiento a denuncias por desplazamiento no sean consideradas y sólo se argumente que la falta de presupuesto ha detenido la aprobación de la ley.
Desplazamientos = Violación
Ante la falta de un marco normativo y la ausencia de la tipificación del delito de desplazamiento forzado, las víctimas enfrentan innumerables trabas para acceder a sus derechos y tener la posibilidad de restablecer sus vidas.
El desplazamiento es la expresión máxima de todas las violencias: desapariciones, feminicidios, hostigamiento, despojo, secuestros. El desplazamiento es una crisis humanitaria que debe ser atendida y visibilizada.
Por lo anterior, exigen agilizar la aprobación inmediata de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado.
Tipificación del delito de desplazamiento forzado en los instrumentos legales en materia penal.
Establecimiento de un marco jurídico robusto, amplio y a nivel federal que garantice el reconocimiento pleno a la Libre Determinación y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Acciones claras de la CEAV para agilizar el reconocimiento de su calidad de víctimas entendiendo su problemática específica.
Implementación de acciones gubernamentales que partan de los estándares internacionales de asistencia humanitaria eficaz y eficiente de manera oportuna, diferenciada y adecuada a las necesidades específicas de cada grupo de población afectado.
Que las gestiones gubernamentales consideren con perspectiva interseccional las necesidades particulares de los grupos especialmente vulnerables.
El Colectivo está conformado por 12 comunidades y colectivos de personas desplazadas con presencia en siete estados de la República Mexicana y es acompañado por 16 organizaciones de la sociedad civil.
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