No hay estado en el país en el que la violencia esté ausente, aunque no ha sido así con la indignación ante la situación que obliga a las y los periodistas desplazarse a la Ciudad de México, considerada aún como refugio santuario, afirmó la Coordinadora Académica del Programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Grisell Salazar Rebolledo.
Para las instituciones públicas de la Ciudad de México, agregó, significa también el reto de poder garantizarles refugio y hasta un escondite ante la persecución que viven con motivo de su actividad periodística, así como para garantizarles el ejercicio de todas sus capacidades y facultades.
Inclusive, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, recordó que “en plena pandemia, el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras ubicó a México como el país más letal para los periodistas, con 8 reporteros asesinados, por encima de Irak, India y Afganistán.
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El desdén por el acceso a la justicia de las personas periodistas, desde la presentación de denuncias, pasando por la integración de expedientes; hasta la falta de consignación, sigue alimentando el círculo de violencia contra ellas y ellos”, comentó.
El organismo a su cargo, se sumó a este esfuerzo con aportaciones cuantitativas y cualitativas de su Diagnóstico sobre las Personas que en el Ejercicio de su Derecho a la Libertad de Expresión se encuentran en situación de Desplazamiento Forzado Interno en la Ciudad de México.
Aunque la diferencia en los registros del Mecanismo de Protección Federal (22), el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México (14), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (7), la Comisión de Atención a Víctimas (15), la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad (1), y la propia CDHCM con 13 casos documentados de personas desplazadas en la capital del país, algunas con sus familias, obligan a contar, por lo menos, con un registro único de casos.
La situación de las personas en condición de desplazamiento forzado interno, significa un reto para las autoridades que deben generar acciones para su atención, su estancia segura y lograr las condiciones que les ayuden a recuperar su vida, advirtió Ramírez Hernández.
En la inauguración del Diálogo academia, sociedad civil y gobierno sobre el desplazamiento forzado interno de periodistas en la Ciudad de México, celebró la participación de las instituciones académicas y de investigación sobre este fenómeno social que afecta el ejercicio de los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en el país.
El debate a través de tres Mesas de Diálogo, explicó, aporta una visión metodológica y una discusión integral de las causas, efectos y consecuencias que implican que una persona deba abandonar, sola o con su familia, como estrategia de escape y sobrevivencia, su lugar de residencia.
“Las repercusiones de llegar a la Ciudad de México y buscar alternativas económicas para su subsistencia y lidiar con la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de retornar a su lugar de origen de forma segura”, subrayó.
Las instituciones académicas, dijo, han contribuido a través de programas de formación, refugio y hasta empleo para periodistas desplazados, así como construyendo redes de apoyo y contención.
A su vez, el Director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, Manuel Alejandro Guerrero Martínez, reiteró el compromiso de esa institución para empujar políticas públicas, a través de esfuerzos de capacitación, investigación y propuestas dirigidas a los tomadores de decisiones y con voluntad política.
Agregó que a las autoridades les falta hacer un reconocimiento público sobre el papel legítimo del periodismo para investigar, cubrir, criticar y vigilar la vida pública y los abusos del poder: “Las clases políticas del país en los últimos años han tenido la piel demasiado sensible, y discursos y narrativas que no abonan a esa legitimación”.
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