Los casos de desaparición en nuestro país constituyen una crisis humanitaria que va en aumento. Durante 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) registró una cifra récord de 9 068 personas desaparecidas y no localizadas. El 74% de estos registros corresponde a hombres y el 26% restante a mujeres.
De 2019 a 2022 se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, lo que muestra que no hay proporción entre el número de casos de desaparición que se registran y el número de casos que se esclarecen.
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En México se tiene un nivel de impunidad del 99% para los delitos de desaparición de personas, citó la organización Impunidad Cero, al evidenciar la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país.
Durante el periodo de 2019 a 2022, los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, no reportaron ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, lo que se traduce en un 100% de impunidad.
La identificación de hallazgos, otro grave problema. Durante 2022, el 37.5% de los cadáveres y/o restos humanos recibidos por la FGR o alguna de las Unidades Estatales no han sido identificados.
Destacan Baja California (8 240), Ciudad de México (940), Jalisco (815), Estado de México (757) y Sonora (594) como los estados con mayor número de casos no identificados.
Ello se destacó durante la presentación del informe sobre Impunidad en delitos de desaparición en México, el primer informe de Impunidad Cero en materia de desapariciones.
Los especialistas e investigadores Melissa Zamora del Centro Prodh, Renata Demichelis, Elementa DDHH, Humberto Guerrero, Fundar, Leslie Jiménez, Impunidad Cero, Catalina Kühne y Helga Jáuregui, Impunidad Cero, comentaron que en México, el problema estructural de la impunidad ha penetrado lamentablemente en todos los rincones del sistema judicial, sin excepción para ningún delito.
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En los últimos años, “hemos sido testigos de un preocupante incremento en los delitos de desaparición de personas, fenómeno que, lejos de experimentar una disminución significativa, persiste de manera preocupante. Frente a esta crisis que atraviesa el país, en Impunidad Cero hemos elaborado la primera edición de nuestro informe sobre Impunidad en Delitos de Desaparición en México”.
El informe deja en evidencia los niveles alarmantes de impunidad que han sumido al país en una grave crisis de derechos humanos. Además, pone de manifiesto problemas significativos en los protocolos de búsqueda, la actuación de las autoridades y la implementación de la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas (Ley GMDP), precisaron.
También señala deficiencias y falta de transparencia en la información del RNDPDNO y el Sistema Nacional de Búsqueda, necesarios para poder comprender la magnitud del problema al que nos enfrentamos.
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Los expertos hicieron énfasis que en el informe se destacan los problemas para encontrar justicia en casos de desaparición de personas, sino que también presenta recomendaciones clave para mejorar las diligencias y mejorar la atención para las víctimas de este delito.
Entre ellas, destacan la necesidad de fortalecer la colaboración institucional, crear fiscalías especializadas operadas por profesionales altamente capacitados, estandarizar protocolos de investigación y la implementación de tecnologías forenses avanzadas.
El informe revela que en mayo de 2022 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó 100, 000 personas desaparecidas.
Por su parte, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos señaló que en el país hay más de 52.000 personas fallecidas sin identificar.
Ambas cifras han puesto en evidencia la magnitud de una dimensión más de la violencia que se vive en México. Como se muestra en la gráfica, la evolución de las desapariciones en el país ha mantenido una tendencia creciente desde 2006, y aunque ha habido años con disminuciones, el cambio porcentual es mínimo.
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