La dirigencia de Morena tanto nacional como de la capital del país, así como legisladores de ese partido, reconocieron la acción de la Fiscalía General de Justicia citadina (FGJ) en torno al denominado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, por el que se dictó una orden de aprehensión en contra de quien hasta el jueves pasado fungía como coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Damián (N), ex delegado de Benito Juárez, que ya es desconocido por los propios morenistas como diputado local.
Al respecto, la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el recinto de Donceles y Allende, Martha Soledad Ávila Ventura, aclaró que al ya no ser el panista legislador, en automático quedó vacante la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso, por lo que el pleno del Poder Legislativo local deberá nombrar cuanto antes a quien quedará a cargo de ese órgano de gobierno.
Durante una conferencia de prensa en la que estuvo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien negó que las acciones contra exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez sean una persecución política, así como la senadora Citlali Hernández, diputados y alcaldes de la capital del país, Ávila Ventura fue insistente en que Christian Damián (N) ya no es representante popular de la metrópoli y por consiguiente, ni presidente de la JUCOPO, por la orden de aprehensión en su contra emitida por la FGJ.
Carrillo Delgado sostuvo ante representantes de los medios de comunicación que en la Cuarta Transformación se acabaron los intocables y la impunidad porque “la lucha contra la corrupción es pareja”.
Tras reconocer las acciones de la FGJ que ordenó aprehender al panista por su probable participación en el llamado cártel inmobiliario, declaró: “se dicen perseguidos, se dicen víctimas, pero no lo son; la lucha contra la corrupción es pareja”.
Por su parte el presidente de Morena en la capital del país, Sebastián Ramírez, aseguró que las denuncias sobre la reconstrucción, tras los sismos de 2017, no son nuevas y Christian es investigado por tres contratos simulados que rebasan los 210 millones de pesos que fueron para empresas fachada que no realizaron la demolición de edificaciones, al tiempo que coincidió en que no se trata de un asunto político de persecución, sino de aplicación de la Ley.
La responsable de la diputación morenista en el Congreso, detalló que “es un caso inédito, no se había dado antes”.
Explicó que el Artículo 38 de la Constitución, en su Fracción V, prevé la suspensión derechos por tener una orden de aprehensión y estar dentro de la figura de prófugo de la justicia, por lo que Christian Damián “no es diputado ni presidente de la JUCOPO”.
La postura insistente del presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional, es que el caso del legislador del blanquiazul, no se trata de una persecución política, como aseguran los de Acción Nacional, porque se trata de un caso que se denunció desde 2017.
Mario Delgado sostuvo que se vive en la época de la Cuarta Transformación, donde el eje principal, como lo ha marcado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es erradicar la corrupción.
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“Y esto no es un asunto político, es estratégicamente jurídico y legal. La persecución es contra la corrupción y ahí si no hay tregua”, asentó.
Comentó que el hecho de que los panistas se presenten ante la opinión pública como perseguidos políticos, es cinismo y politiquería pura, por lo que invitó a los del PAN a defenderse como cualquier ciudadano, con pruebas ante la Ley.
Se refirió al actuar de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad en este caso, debido a que el cartel inmobiliario le ha hecho un daño irreparable a metrópoli al estafar a cientos de familias capitalinas y al acelerar drásticamente la gentrificación de la alcaldía Benito Juárez.
En la conferencia se proyectó una entrevista hecha por Carlos Loret de Mola a la actual diputada federal del PAN Margarita Zavala, cuando era candidata presidencial, en la que se señaló una presunta corrupción que hicieron panistas, como Jorge Romero, coordinador de los legisladores del blanquiazul en la Cámara de Diputados, con los fondos de reconstrucción en 2017.
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