“Es muy triste que el gobierno que generó esperanzas no cumpla con las promesas dadas aún antes de iniciar su ejercicio” y que no haya avance para conocer qué pasó y dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa a nueve años de su desaparición, consideró Fabiola Escárzaga Nicté, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Hizo énfasis que hasta ahora “no hay soluciones justas para los jóvenes, no hay acceso a información que se sabe que existe y que el ejército debería entregar en principio al Grupo Interdisciplinario de Expertos que estuvieron trabajando en varias temporadas en la Ciudad de México.
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Las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos exigen conocer la verdad “y la autoridad debería tomar en cuenta que este crimen de Estado movilizó a la sociedad mexicana y también a nivel internacional, mientras que la administración apuesta al desgaste con su doble discurso de decir que lo estamos resolviendo”.
En una entrevista la académica de la Unidad Xochimilco, resaltó que de hechos, los padres están en plantón afuera del Campo Militar número 1, porque lo que se requiere es que el ejército entregue la información que sí tiene y se supone el gobierno había pedido que se pusiera a disposición de las familias de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
La profesora del Departamento de Política y Cultura puntualizó que antes de iniciar la gestión de la administración actual se creó una comisión con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, “porque se supone que facilitaría las cosas con lo cual los padres estaban muy entusiasmados, pero al paso del tiempo simplemente se ha ido diluyendo el compromiso”.
Lo que se ve ahora “es una protección al Ejército, dado que en las investigaciones han ido apareciendo cada vez más evidencias de la implicación de la milicia y el gobierno”, en una relación más estrecha y el otorgamiento de una mayor potestad, recursos y competencias.
“El Ejército está siendo protegido y no da información, no se está avanzando en la sanción a quienes tuvieron participación en los hechos, además de que actúa como cuerpo y defiende a sus integrantes, lo que incide en una gran desesperación por parte de los padres de los jóvenes”, resaltó.
En la reunión que tuvieron ayer lunes con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se esperaría que se cumpla con la entrega de documentación, de información, “sobre todo porque Encinas sería el garante, además que es una persona que viene de izquierda y es en quien confiaban”.
La especialista informó que en la marcha que se realizará hoy en la Ciudad de México a nueve años de la desaparición de los jóvenes, participará un nutrido número de estudiantes, como ha sido desde 2014, además de las actividades que la UAM junto con los familiares realicen en noviembre próximo.
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