Un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero realizaron actos de vandalismo en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia, (CNI), localizadas en la Alcaldía Magdalena Contreras. Ahí, arrojaron petardos, bombas molotov, prendieron fuego a la entrada principal; destrozaron ventanales y realizaron una serie de pintas en las bardas.
Los enardecidos estudiantes y padres de familia de los 43 desaparecidos aquel 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, exigen la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos, pues señalan que el gobierno de México y el presidente, les ha fallado porque hasta ahora no hay resultados positivos para su localización como se comprometió el jefe del ejecutivo federal.
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Mientras los actos vandálicos se llevaron a cabo en el Centro Nacional de Inteligencia, otro grupo de estudiantes y familiares mantienen un plantón por tiempo indefinido sobre la avenida Conscripto, justo frente a la puerta Uno del Campo Militar Número Uno de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Hoy cumplen ya cinco días de plantón en ese lugar, donde han colocado casas de campaña y aseguran que no se moverán de ese lugar hasta que el presidente, Andrés Manuel López Obrador les dé información concreta sobre el paradero de sus familiares; los estudiantes desaparecidos.
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Este martes se cumplen nueve años de los hechos de violencia en Iguala, Guerrero, que trajo como consecuencia la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Han pasado nueve años muchos de los implicados han sido puestos en libertad y, ahora las autoridades del gobierno de México buscan negociaciones con el gobierno de Israel para que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio sea extraditado a México para que enfrente la justicia por el delito de tortura en el caso de los 43.
Además, el entonces titular de la desaparecida FGR, Jesús Murillo Karam, quien dio a conocer su “verdad histórica” continúa preso por los delitos de tortura, desaparición forzada, delitos contra la administración de justicia por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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