/ viernes 7 de julio de 2023

Iniciativa contra la tala ilegal se envía al Congreso el lunes

Se intensificará trabajo para detectar aserraderos que fuera de la ley surten madera

Al anunciar que el próximo lunes enviará al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa que comprometió para imponer hasta 30 años de prisión a los que talen árboles en zonas protegidas de la capital, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama dio a conocer que se intensificarán los trabajos para la detección de aserraderos que surten de madera a pequeñas fábricas.

Acompañado de representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Marina (SEMAR), así como de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, entre otros, el responsable de la administración de la capital del país informó sobre el aseguramiento de cinco aserraderos en el poblado de Tres Marías, a donde es envía la madera producto de la tala ilegal en el Ajusco.

Durante una conferencia de prensa señaló que, mediante la iniciativa, se trata de imponer hasta 20 años de prisión a quienes cometan este delito y de 30 años si los infractores son funcionarios públicos, así como la sanción de cinco años de suspensión de toda actividad comercial a personas morales.

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Batres Guadarrama dijo que la disposición de su gobierno es endurecer las sanciones a quienes talen árboles, aprovechen o reciban el producto de esa actividad ilegal, a la vez que al abundar sobre el aseguramiento de los cinco aserraderos, delineó que se tiene trabajo coordinado con los comuneros de la zona de Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta para detectar los lugares en donde se trabaja con madera de procedencia irregular.

Destacó que también se pretende homologar la ley en la materia con el estado de Morelos, debido a que se tienen ubicados a cinco grupos delictivos compuestos por aproximadamente 80 personas que efectúan la tala en las 3 alcaldías capitalinas señaladas, varias de ellas provenientes de aquella entidad.

“Se busca reformar el Código Penal para poder sancionar hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en áreas naturales protegidas, en áreas de valor ambiental, en barrancas o en suelo de conservación; así como también para sancionar en el mismo sentido a quienes transformen, comercien, acopien, distribuyen o reciban madera aserrada de forma ilegal”, declaró.

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En la misma conferencia y en su momento, el coordinador de asesores y vocero de la FGJ, Ulises Lara López, confirmó que se han detenido y consignado a 16 personas, primordialmente en Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, las cuales ya están vinculadas a proceso, así como el aseguramiento de 14 aserraderos.

Se han efectuado 51 operativos en la administración capitalina contra la tala, en tanto que el posicionamiento del funcionario de la institución es que se acelerará mediante operativos para también detectar los aserraderos que también surten de madera a fábricas de muebles en estas mismas zonas, varía de ellas, ubicadas sobre las principales vías de estas 3 alcaldías.

Martí Batres explicó que la iniciativa al Congreso local es para establecer en el Artículo 345 Bis del Código Penal los rangos de la sanción, de seis a 20 años de prisión. “Nos referimos a una conducta realizada en las áreas descritas en las fracciones que están aquí: área natural protegida, área de valor ambiental, barrancas o suelos de conservación; también a quien transforme, comercie, enajene, suministre, distribuya, acopie, reciba, distribuye, resguarde o posea materias primas forestales maderables, madera cerrada o con escuadrilla y madera labrada”.

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Abundó que se sancionará a los que causen daño, destrucción, alteración, modificación, menoscabo, pérdida de la biodiversidad de recursos naturales, ecosistemas o especies endémicas de la metrópoli catalogadas así en las normas oficiales y en las normas ambientales de la Ciudad de México.

Por su parte, el comandante de la Primera Zona Militar de la SEDENA, Óscar Rentería Schazarino, mencionó que en la capital del país ya tiene tiempo que se atiende la problemática de la tala clandestina, con presencia en el área del Ajusco principalmente, en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades locales, con puestos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con patrullamientos, lo que ha arrojado muy buenos resultados.

Aseveró que se trata de un problema que se tiene que atender de forma integral con el Estado de México y Morelos, además de la ciudad capital, para proteger el área estratégica que es el Ajusco.

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“El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tenemos el compromiso de seguir coadyuvando para combatir la tala ilegal en esta área, con lo cual vamos a proteger esta área estratégica, como ya mencionó el jefe de gobierno, muy importante, para que nos proporcione oxígeno, agua y otros temas”, precisó.

A su vez, el titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la administración local, Ricardo Ruíz Suárez, mencionó que por lo que hace a la lucha en contra de la tala clandestina, se ha planteado la necesidad de establecer una coordinación mucho más estrecha con las autoridades federales.

“Estamos hablando de una visión integral donde se trata proteger los bosques, el agua, los recursos naturales”, expuso.

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Notificó de reuniones con diferentes núcleos comunales de la denominada Zona de Preservación Ambiental Ecológica de la Ciudad de México, para avanzar en la preservación del bosque, el combate a la tala clandestina.

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“También la preservación del agua, la lucha contra esto que se ha llamado el huachicoleo del agua, es decir, la utilización ilegal del agua y, por supuesto, todo lo que implica preservar esta área natural para evitar invasiones, para evitar todo este desarrollo ilegal que se da en la zona”, acotó.

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Al anunciar que el próximo lunes enviará al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa que comprometió para imponer hasta 30 años de prisión a los que talen árboles en zonas protegidas de la capital, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama dio a conocer que se intensificarán los trabajos para la detección de aserraderos que surten de madera a pequeñas fábricas.

Acompañado de representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Marina (SEMAR), así como de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, entre otros, el responsable de la administración de la capital del país informó sobre el aseguramiento de cinco aserraderos en el poblado de Tres Marías, a donde es envía la madera producto de la tala ilegal en el Ajusco.

Durante una conferencia de prensa señaló que, mediante la iniciativa, se trata de imponer hasta 20 años de prisión a quienes cometan este delito y de 30 años si los infractores son funcionarios públicos, así como la sanción de cinco años de suspensión de toda actividad comercial a personas morales.

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Batres Guadarrama dijo que la disposición de su gobierno es endurecer las sanciones a quienes talen árboles, aprovechen o reciban el producto de esa actividad ilegal, a la vez que al abundar sobre el aseguramiento de los cinco aserraderos, delineó que se tiene trabajo coordinado con los comuneros de la zona de Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta para detectar los lugares en donde se trabaja con madera de procedencia irregular.

Destacó que también se pretende homologar la ley en la materia con el estado de Morelos, debido a que se tienen ubicados a cinco grupos delictivos compuestos por aproximadamente 80 personas que efectúan la tala en las 3 alcaldías capitalinas señaladas, varias de ellas provenientes de aquella entidad.

“Se busca reformar el Código Penal para poder sancionar hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en áreas naturales protegidas, en áreas de valor ambiental, en barrancas o en suelo de conservación; así como también para sancionar en el mismo sentido a quienes transformen, comercien, acopien, distribuyen o reciban madera aserrada de forma ilegal”, declaró.

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Se han efectuado 51 operativos en la administración capitalina contra la tala, en tanto que el posicionamiento del funcionario de la institución es que se acelerará mediante operativos para también detectar los aserraderos que también surten de madera a fábricas de muebles en estas mismas zonas, varía de ellas, ubicadas sobre las principales vías de estas 3 alcaldías.

Martí Batres explicó que la iniciativa al Congreso local es para establecer en el Artículo 345 Bis del Código Penal los rangos de la sanción, de seis a 20 años de prisión. “Nos referimos a una conducta realizada en las áreas descritas en las fracciones que están aquí: área natural protegida, área de valor ambiental, barrancas o suelos de conservación; también a quien transforme, comercie, enajene, suministre, distribuya, acopie, reciba, distribuye, resguarde o posea materias primas forestales maderables, madera cerrada o con escuadrilla y madera labrada”.

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Por su parte, el comandante de la Primera Zona Militar de la SEDENA, Óscar Rentería Schazarino, mencionó que en la capital del país ya tiene tiempo que se atiende la problemática de la tala clandestina, con presencia en el área del Ajusco principalmente, en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades locales, con puestos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con patrullamientos, lo que ha arrojado muy buenos resultados.

Aseveró que se trata de un problema que se tiene que atender de forma integral con el Estado de México y Morelos, además de la ciudad capital, para proteger el área estratégica que es el Ajusco.

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A su vez, el titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la administración local, Ricardo Ruíz Suárez, mencionó que por lo que hace a la lucha en contra de la tala clandestina, se ha planteado la necesidad de establecer una coordinación mucho más estrecha con las autoridades federales.

“Estamos hablando de una visión integral donde se trata proteger los bosques, el agua, los recursos naturales”, expuso.

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“También la preservación del agua, la lucha contra esto que se ha llamado el huachicoleo del agua, es decir, la utilización ilegal del agua y, por supuesto, todo lo que implica preservar esta área natural para evitar invasiones, para evitar todo este desarrollo ilegal que se da en la zona”, acotó.

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