Cuidad de México.- En el Congreso de la Ciudad de México se promueve un periodo extraordinario de sesiones, para que antes de que termine la presente Legislatura se apruebe el dictamen de justicia digital, que es una asignatura pendiente por los diputados locales.
Se trata de que, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sea posible tramitar los juicios y sus instancias de forma electrónica, de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y formalidades esenciales.
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Mediante una serie de modificaciones a la Constitución Política de la capital del país, se permitiría garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna en el Poder Judicial.
Ello, al contar con un sistema de justicia electrónica el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral, así como el Tribunal de Justicia Administrativa y el de Justicia Laboral.
Fue el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Poder Legislativo local, Nazario Norberto Sánchez, quien adelantó que se promoverá la aprobación del dictamen de justicia digital en el próximo periodo extraordinario de sesiones.
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“El pasado 23 de septiembre se aprobó en la Comisión con modificaciones, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 35 apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por un servidor y por el grupo parlamentario del PAN”, declaró en entrevista.
Acotó que en el dictamen aprobado se establece que el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, deberán implementar las plataformas y herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento del sistema de justicia digital.
Ello sería de manera paulatina y de acuerdo a su propia suficiencia presupuestal, con la atención enunciativa, pero no limitativamente la implementación del expediente electrónico; el empleo de firma electrónica; el uso de sellos y documentos electrónicos; la instauración de una oficialía de partes virtual; y admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias, notificaciones y demás diligencias judiciales mediante el uso del correo electrónico, mensaje de datos, videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo permita.
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