El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de México, Sergio García Sosa, afirmó que todos los días se procesan denuncias ante los tribunales laborales contra empresas que obligan a los empleados a firmar hojas en blanco, por lo que urge sancionar con cárcel a los patrones que mantienen estas prácticas.
En declaraciones vertidas desde la tribuna, el legislador se pronunció por imponer hasta cuatro años de prisión a los empresarios que incurran en acciones vejatorias y que condicionen el acceso a un empleo, pues dijo que regularmente los outsourcing son los que más afectan los derechos de los trabajadores.
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Castigo a patrones
Al señalar que la pandemia ocasionó la flexibilización de las garantías laborales y toda clase de prácticas vejatorias que condicionan el acceso a un empleo, propuso sanciones para los patrones que obliguen o condicionen por cualquier medio a firmar documentación en blanco para su contratación o en cualquier momento de la relación laboral.
En este sentido, de acuerdo con la iniciativa de reformas al Código Penal, los tribunales laborales diariamente abordan este tipo de demandas y resulta preocupante que las empresas que más acuden a esta práctica son las menos reguladas y que menores responsabilidades guardan frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo el esquema de subcontratación, es de decir, los outsourcing.
Al respecto, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, quien expuso la propuesta, la firma en blanco se define como aquella puesta de antemano por el trabajador sobre una hoja de papel en blanco o un documento sin fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el patrón con declaraciones o renuncias de derechos.
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Garantías para trabajadores
Por ello, se considera urgente que la legislación penal condene y reconozca estas prácticas ultrajantes, por lo cual es necesario establecer garantías para que las y los trabajadores denuncien abusos sin poner en riesgo su contratación, además de sancionar a los patrones.
Agregó que aun cuando la Ley Federal del Trabajo establece de forma expresa la prohibición de exigir la firma de papeles en blanco en las relaciones laborales, no establece sanciones ejemplares que ayuden a desincentivar los abusos.
Dijo que el Código Penal es omiso en cuanto a las renuncias en blanco, por lo que se propone precisar la comisión de este delito y sus sanciones, al equipararlo con el delito de falsificación de documentos privados. La iniciativa fue remitida a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
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