En septiembre próximo las autoridades electorales y penitenciarias del Estado de México comenzarán a definir el mecanismo para que las personas encarceladas puedan emitir su voto en las elecciones del domingo 4 de junio de 2023, donde se renovará la gubernatura de la entidad.
Sin embargo, diputados locales exigieron la participación del Poder Legislativo en este asunto, bajo la advertencia de que los internos pueden ser amenazados para inducir el sufragio, además de que se requiere la intervención del Congreso estatal por ser parte de los tres poderes.
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El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario en la Cámara de Diputados del estado, Ariel Juárez Rodríguez, afirmó en entrevista con LA PRENSA que el tema del voto de los reos se presta para muchas situaciones complejas.
Aseveró que hay riesgo de que las personas encarceladas sean manipuladas y sometidas a la coacción del voto, a cambio de ciertas consideraciones en su estancia en la prisión
De acuerdo con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, el proyecto del voto en las prisiones se analizará en breve conforme a la resolución dictada por autoridades electorales federales, que permite el sufragio de aquellos reclusos que aún no son sentenciados y que conservan sus derechos de votar.
Para ello, se realizará un censo y se revisarán las condiciones en las que puedan participar los internos en los comicios, según el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, quien dio detalles del proyecto para que las personas encarceladas voten para elegir al próximo gobernador del Estado de México.
Ante esto, el Secretario de Seguridad de la entidad, Rodrigo Martínez Celis Wogau, cuya dependencia está a cargo de las prisiones, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, reveló que todo está listo para afinar el mecanismo para recibir el voto de los reclusos.
Agregó que se tienen los protocolos que garanticen este ejercicio democrático y el sistema carcelario está al pendiente de que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral del Estado de México, conforme a sus competencias, definan los procedimientos para obtener el sufragio de los internos.
Esta será la primera vez que en el territorio mexiquense las personas privadas de su libertad puedan participar en una elección a cargo de elección popular.
LOS ANTECEDENTES
La posibilidad de que los reos puedan emitir su voto es una secuencia de lo que ya sucedió en otras entidades, pues en las pasadas elecciones las personas privadas de su libertad lograron sufragar, y esto se debe gracias a dos personas encarceladas en el sureste del país.
El primero de junio de 2018, dos internos del Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, del municipio de Cintalapa, Chiapas, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal la omisión del Instituto Nacional Electoral de emitir los lineamientos que les permitieran ejercer su derecho a votar como personas que se encuentran recluidas sin haber sido condenadas a través de una sentencia.
Fue así que el 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal concluyó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia.
En tal sentido le ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021. Tal sentencia fue atendida por el INE, órgano que implementó una prueba piloto mediante una muestra representativa, plural y heterogénea, con la finalidad de valorar la diversidad de contextos de cada centro de reclusión, y de esta manera, a partir de entonces, el voto en las cárceles ha sido posible, situación que por primera vez ocurrirá en el Estado de México.
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LISTO EL SISTEMA CARCELARIO
El secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis Wogau, responsable del control de la administración y la seguridad de todos los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social que hay en la entidad, manifestó que para consolidar este proyecto solo hace falta que los órganos electorales digan en qué penales se podrá llevar a cabo la emisión del voto y cuáles serían las reglas.
Para ello, mencionó que habrá mesas de trabajo con los organismos electorales para avanzar y definir los procesos, pues reiteró que en todos los penales del Estado de México existen las condiciones para que las personas privadas de su libertad puedan sufragar.
El sistema penitenciario mexiquense es el más grande del país, al albergar la mayor cantidad de personas privadas de su libertad a nivel nacional, que es casi de 34 mil reclusos en 21 prisiones, un centro de internamiento para adolescentes Quinta del Bosque y una penitenciaría modelo, Dr. Guillermo Colín Sánchez; de los cuales, únicamente la cárcel femenil Nezahualcóyotl sur es el centro exclusivo para mujeres.
SOLO 11 MIL PODRÍAN VOTAR
Según datos del Poder Judicial del Estado de México, de los 33 mil 628 reclusos que hay en las cárceles mexiquenses, alrededor de 35 por ciento, unos 11 mil 700 se encuentran en prisión sin tener una sentencia, y son ellos los que estarían en condiciones de votar.
Cabe mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la capacidad de internamiento en las prisiones del Estado de México es de 14 mil 507, por lo que existe una sobrepoblación de más del 100 por ciento.
El poder judicial local, a cargo del magistrado Ricardo Sodi Cuellar, advierte que este 35 por ciento de reos sin sentencia están bajo el estatus de prisión preventiva oficiosa, la cual se aplica cuando una persona es sospechosa de delitos de alto impacto, pero las pruebas son insuficientes para dictar sentencia.
Sodi Cuellar afirma que en las cárceles se ha incurrido en el abuso de este recurso (la prisión preventiva oficiosa) previsto en la Constitución, mismo que a su juicio debe desaparecer.
Consideró que la prisión preventiva oficiosa es inadecuada para la justicia actual y se tendría que sustituir por un modelo de prisión preventiva justificada, en la que se revise caso por caso la pertinencia de privar de la libertad a una persona sospechosa.
Advirtió que este fenómeno también contribuye a la saturación de las cárceles, pues se sabe que en el territorio mexiquense la población penitenciaria es de casi 34 mil personas, el doble de la capacidad en los penales, y poco más de 11 mil 700 de ellas están en prisión preventiva oficiosa.
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ASUNTO ELECTORERO
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En la entrevista, el presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario del Congreso del Estado de México, agregó que el asunto del voto en las cárceles es un tema meramente electorero.
Consideró como lamentable esta propuesta, en la que en ningún momento se está considerando al Poder Legislativo “porque se presta para muchas situaciones complejas, viciadas, ya que quien controla el sistema penitenciario es el gobierno estatal, además el Congreso local no puede ser excluido de esta discusión”.
Insistió que con esto “se puedan manipular el contexto, votar por quien indiquen, a cambio de ciertas consideraciones con los privados de su libertad”.
El legislador fue más allá: “si el secretario de seguridad está preocupado por velar por los derechos de los no sentenciados, mejor debería estar preocupado y ocupado con lo que pasa en los penales”.
Cuestionado acerca de que sólo los reclusos sin sentencia pueden ejercer el voto, conforme al fallo de la Sala Superior del Tribunal, el diputado reaccionó diciendo que cuál es la diferencia entre un no sentenciado y un sentenciado (en términos del proyecto del voto en las cárceles).
“Ambos permanecen en el reclusorio, uno no sabe cuántos años permanecerá y el otro sí, pero ambos están privados de su libertad y pierden sus derechos político-electorales, tiene que ser parejo; tenemos que pugnar porque sea parejo para todos porque se tiene que dar la opinión del INE y del Secretario de Seguridad (del Estado de México) y es algo que tiene que trabajarse y legislarse para evitar ambigüedades”.
DEBE INTERVENIR EL CONGRESO
Ariel Juárez Rodríguez aseguró que la misma Comisión del Sistema Penitenciario podría trabajar en el tema, pero “se debe conocer cuál es el alcance, aunque en otras 6 entidades ya se impulsó esta práctica, habría que esperar cual es el análisis del INE y en función de eso ver la propuesta viable o no, cuando estamos a un paso de la contienda electoral del 2023”.
Dijo que actualmente se trabaja en una propuesta para que la comisión no sea de oropel, que no sea meramente de recomendaciones, que pueda tener facultades para ver expedientes en aquellos casos que se presume que hay fabricación de culpables.
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Puntualizó que la comisión que preside debería tener facultades para que, a petición de la comisión una vez que revise los casos a nivel estatal, pueda solicitar la apertura de las carpetas de investigación y actuar de una forma parcial, apegada a derecho.
Manifestó que “hay sentenciados que ya no tienen oportunidad de ser absueltos, o por un mal procedimiento del abogado o cuando se quieren recuperar por el tema de la sentencia ya no pueden”.
EDOMEX, A LA CABEZA EN REOS
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre centros penitenciarios y capacidad de los mismos en todo el país, el Estado de México es la entidad que más cárceles tiene.
También es el estado que encabeza el mayor número de personas privadas de la libertad, pues en sus 23 prisiones, al cierre de 2020, tenía 32 mil 759 reclusos, y hoy son cerca de 34 mil.
En la última actualización del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal, correspondiente al 14 de marzo de 2022, el INEGI revela que la infraestructura penitenciaria en el país se conforma por 19 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. Ahí se establece que el Estado de México es el territorio que más prisiones tiene, mientras que Campeche es la entidad con menos cárceles, pues solo tiene tres.
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