A pesar de que actualmente la Ciudad de México y 10 entidades más cuentan con un marco jurídico para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a nivel nacional el aborto clandestino sigue siendo responsable de alrededor del 7 al 13% de la muerte maternas.
Especialistas en salud sexual y reproductiva informaron que el 85% de los procedimientos de Interrupción del embarazo en clínicas de la Ciudad de México, se realizan a través de medicamentos, por lo que el método de legrado o de aspiración son métodos a los que se recurren en casos muy específicos.
Durante el conversatorio "El aborto en México: Avances y desafíos", la doctora Marta Lamas, activista en temas se equidad de género explicó que en el caso de la Ciudad de México, las adolescentes menores de 15 años pueden acceder a la interrupción legal del embarazo, siempre y cuando, acudan a los servicios de salud acompañadas de un familiar adulto o tutor.
A su vez, el doctor Eduardo López Ceh, especialista en ginecología informó que en países con leyes restrictivas 3 de cada 4 abortos son inseguros, lo que absorbe alrededor del 10% de los recursos del sistema de salud públicos, debido a la atención de complicaciones obstétricas que un procedimiento inadecuado provoca.
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Despenalización del aborto
Los expertos coincidieron en señalar que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a despenalizar el aborto en todo México. Esto permitirá que no se castigue con la cárcel a mujeres y personas gestantes que quieran abortar, ni al personal que practique la interrupción.
Sin embargo, entre los grandes desafíos que esto supone está la urgente creación de una red de servicios a nivel federal segura y gratuita, así como la capacitación de los profesionales de la salud, señaló Paula Rita Rivera Núñez, Gerente de Operaciones de Telefem.
Rivera Núñez dijo que la brecha entre la promulgación de la ley y la implementación del servicio para poder otorgar las prestaciones es enorme, se debe contar con un plan nacional contemplado en las políticas públicas, recursos monetarios y humanos para infraestructura, medicamentos y prestadores de servicios calificados además de redes de servicio de atención.
La antropóloga Marta Lamas, señaló que la resolución de la SCJN de considerar que la normativa que criminaliza el aborto voluntario en el Código Penal Federal (CPF) es inconstitucional, pues viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar; y es discriminatoria para el personal de salud, parteras y acompañantes que realizan interrupciones voluntarias del embarazo, es, por un lado, un triunfo de la racionalidad laica y por el otro, la culminación de la lucha feminista en nuestros país.
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Lamas recordó que el 28 de septiembre fue nombrado desde hace 30 años el Día de lucha por el aborto en América Latina. Hay que celebrar que ahora, en México, las personas que deseen interrumpir un embarazo podrán hacerlo legalmente, y que la existencia de la telemedicina ofrece una alternativa muy segura.
La Corte argumentó que considerar un delito al hecho de interrumpir voluntariamente un embarazo vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva; por ello resolvió que es inconstitucional la penalización. Ahora, con la nueva resolución judicial a ninguna mujer, persona con capacidad de gestar o personal de salud se le podrá criminalizar por aborto. Lo que falta, sin duda, es aterrizar con servicios esa relevante resolución, dijo Lamas.
Prevención de embarazos
Desafortunadamente, los especialistas señalaron que todavía existe una falta de atención en la prevención de embarazos a temprana edad, generada por la deficiente educación sexual y un cúmulo de mitos alrededor del aborto, este punto debe reforzarse a través de las políticas públicas nacionales para que las personas puedan tomar una decisión respecto a su proyecto de vida.
Informaron que el impacto positivo en materia de salud al despenalizar el aborto se vuelve más tangible con la evidencia global que muestra que las leyes restrictivas están asociadas con elevadas tasas de abortos inseguros o peligrosos.
Un estudio conjunto entre la OMS y el Instituto Guttmacher demostró que, en países donde el aborto está completamente prohibido o que su legislación únicamente lo permite cuando la vida de la mujer está en riesgo, 3 de cada 4 abortos se practican en condiciones de inseguridad; por el contrario, en aquellos países donde el aborto es legal y más accesible, 9 de cada 10 procedimientos se realizan de manera segura.
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Destacaron la importancia de reiterar que en el amparo en revisión 1388/2015, la Corte reconoció que el aborto es un servicio de salud y que el marco jurídico vigente, como La ley General de Salud y su reglamento en materia de prestación de servicios ampara su realización. Por lo tanto, las autoridades tampoco pueden alegar la falta de legislación en materia de salud para negar el servicio, con lo anterior bajo ningún precepto se podrá iniciar carpeta de investigación a quienes accedan a una ILE o participen de esta.
Con esta resolución, México se convirtió en el octavo país de América Latina que despenaliza el aborto al igual que Cuba, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Guyana y Guyana Francesa.
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