A la fecha hay más de 112 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos sin identificar, lo que refleja que la deuda del Estado prevalece y deben redoblar los recursos y esfuerzos para atender la crisis de desapariciones y la crisis forense que afecta no solo a mexicanos, sino también a personas migrantes, de acuerdo a cifras oficiales.
El representante en México de ONU-DH, Guillermo Maldonado, manifestó que es gracias al impulso de las familias buscadoras, que hoy el Gobierno de México reconoce la existencia de una crisis forense.
En ese sentido, más de 10 organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas denuncian omisiones y retrocesos en materia de búsqueda de personas en México.
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Pues revelan que durante la audiencia del 186 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades mexicanas presentaron información que no representa la realidad del país.
Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el Banco Nacional de Datos Forenses ya opera, pero hasta la fecha, familiares de personas desaparecidas y organizaciones no han recibido información al respecto.
En la audiencia, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño destacó la necesidad de una cooperación y articulación efectiva entre autoridades para dar frente a los rezagos y necesidades en materia forense. La falta de articulación se reflejó durante las presentaciones de las y los integrantes del Estado mexicano.
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Los colectivos como Fundación para la Justicia, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL, Colectivo Siguiendo Tus Pasos, Elementa DDHH Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entre otras, se unen a las peticiones de la CIDH, a las propuestas de ONU-DH.
En la reunión de la CIDH, familiares de personas desaparecidas, representantes de diversas organizaciones, y del Consejo Nacional Ciudadano participaron en una Audiencia Temática solicitada por el Estado Mexicano para discutir “avances”, retos y oportunidades en materia forense para la búsqueda de personas desaparecidas.
Las familias recordaron a las autoridades que son ellas y ellos quienes han encontrado a personas desaparecidas y que en el diseño del programa de identificación masiva, el Estado ha fallado en incluir familiares y organizaciones.
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Resaltaron que las desapariciones forzadas perpetradas por el crimen organizado y las empresas, son desapariciones del Estado.
La Comisionada Esmeralda Arosemena destacó que es necesaria una política pública nacional de largo plazo y que establezca con criterios claros cómo se articulan las diversas instituciones.
Mientras que la Comisionada Julissa Mantilla Falcón recordó que las vidas de las madres buscadoras corren grandes riesgos y el Comisionado Carlos Bernal Pulido llamó incluso a considerar elevar el tema a nivel constitucional.
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Las organizaciones de la sociedad civil exigen: establecer un mecanismo efectivo y transparente de participación de las familias y de rendición de cuentas, de forma tal que incidan en el diseño de la política forense con una ruta de trabajo conjunta.
Hacer obligatorio al MEIF en las Fiscalías, fortaleciendo la coordinación con agencias de desarrollo y cooperación internacional, estableciendo protocolos adecuados, con la participación de las familias.
Que la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia informe qué medidas adoptarán para garantizar la colaboración con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y los Centros de identificación humana.
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Invertir en educación forense y tecnología avanzada para la identificación de desaparecidos, sin limitarse a pruebas genéticas, contar con especialistas altamente capacitados para la notificación digna a las familias.
También pidieron al CIDH: a través de asistencia técnica, instale un mecanismo de alto nivel de monitoreo junto a Naciones Unidas para el diseño e implementación de la Política Nacional Forense. 2. Realice visitas a México y emita informes temáticos sobre desapariciones forzadas con recomendaciones para erradicarlas.
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