Ante el compromiso de representantes populares de analizar la iniciativa del gobierno capitalino para impulsar la preservación de los ecosistemas y endurecer las penas para la tala ilegal mediante la modificación al artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, en el Congreso de la Ciudad de México surgió además la demanda de que de manera conjunta sean analizadas otras propuestas para enriquecer la del Ejecutivo Local, como las dirigidas a que la población participe en la conservación de los bosques y que se castiguen las conductas perpetradas de manera dolosa en contra del hábitat.
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Fue el presidente de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, el congresista del PRI Fausto Manuel Zamorano Esparza, quien estuvo de acuerdo en impulsar la preservación de los ecosistemas y la protección del suelo de conservación de la capital del país.
En relación a la iniciativa que recibió del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, por parte del titular de la Secretaría de Gobierno de la administración local, Ricardo Ruiz Suárez, el legislador priísta aclaró que “Los árboles son el pulmón de nuestro planeta, por lo que son fundamentales para mitigar efectos del cambio climático, cuidar recursos hídricos y mejorar la calidad del aire; lo cual es una responsabilidad moral en beneficio de las próximas generaciones”.
Asimismo, el diputado presidente detalló que el ritmo alarmante de la deforestación pone en riesgo a ecosistemas, especies biológicas y a la sociedad.
Por lo anterior, pugnó porque se implementen políticas severas que incluyan sanciones significativas y apoyos a quienes adopten prácticas en beneficio de la naturaleza, así como vigilar su cumplimiento.
A su vez, el coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Poder Legislativo local, Jesús Sesma Suárez, le dio la bienvenida a la iniciativa de Batres Guadarrama y conminó a la sociedad, empresas y a quienes conforman la administración capitalina, a participar en el cuidado de éstos.
Acciones urgentes
Reconoció que urgen acciones gubernamentales encaminadas a cuidar los principales ecosistemas boscosos como el de San Juan de Aragón, Chapultepec, Tlalpan, el Desierto de los Leones, Los Dinamos y el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el cual incluye enormes áreas de pinos y robles, así como algunos pastos de alta montaña, ante la inmoderada tala en la metrópoli que en los últimos años ha tenido un incremento y en la mayoría de los casos se efectúa de manera ilegal.
En torno a las acciones legislativas para cuidar los bosques, se refirió a la ley que impulsó para imponer hasta 20 años de prisión a quien tale árboles de manera clandestina en suelo de conservación, luego de que los bosques desaparecen a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto.
Difundió que de acuerdo a la publicación “Los bosques para la salud y el bienestar de los seres humanos” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los árboles y bosques urbanos, además de los periurbanos, contribuyen a mitigar muchos de los inconvenientes de vivir en zonas urbanas.
“Amortiguan el ruido, reducen el efecto de isla térmica urbana que puede ser letal durante las olas de calor, ofrecen espacios verdes para el ejercicio y la recreación; ayudan a las personas a recuperarse del estrés”, acotó e insistió que por ello es importante combatir la tala ilegal de árboles.
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Prisión por ecocidio
La coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas en el Congreso, Elizabeth Mateos Hernández, en su momento, se pronunció el ecocidio en el Código Penal local, con prisión de tres a diez años, para brindar una tutela más amplia y enérgica en contra de aquellas personas que delinquen y causan daños a los hábitats.
Pugnó por castigar las conductas perpetradas de manera dolosa, en beneficio de intereses económicos que ponen en riesgo la vida de millones de personas, al tiempo que delineó que el cambio ambiental afecta al mundo y ocurre a una mayor velocidad de lo pensado.
Sin embargo, detalló, en la capital del país indiscriminadamente se continúa con la tala ilegal de árboles, disposición inadecuada de residuos sólidos en suelos de conservación, extracción de suelo o cubierta vegetal, cambio de uso de suelo por desarrolladores inmobiliarios e invasión u ocupación de zonas naturales protegidas.
Algunos representantes populares se han mostrado de acuerdo de que el ecocidio se incorpore en el Código Penal como una conducta delictiva para responder a la obligación de brindar una tutela más amplia y enérgica en contra de aquellas personas que delinquen, causando daños a los hábitats, la sucesiva pérdida de biodiversidad, la alteración del ecosistema, de los ciclos del agua, la erosión del suelo y la desertificación, en perjuicio de todas las personas.
La postura que ha mostrado la diputada del PAN Gabriela Salido Magos, es que el gobierno capitalino no emprende las medidas para frenar el deterioro, mientras que los actores del área judicial no aplican la ley a los infractores, tal es el caso de quienes llevan a cabo la tala inmoderada o provocan incendios.
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Protección al “cinturón verde”
Por parte de la bancada del PRI en el recinto de Donceles y Allende, que coordina Ernesto Alarcón Jiménez, está la postura de proteger a toda costa el llamado “cinturón verde” de la capital, conformado por amplias zonas boscosas, combatir la tala ilegal de los bosques, frenar la invasión de predios irregulares, ampliar la cultura del reciclaje y las azoteas verdes.
La diputada priísta Lourdes González Hernández, a fin de frenar la mancha urbana en la capital del país, donde diariamente se pierde una hectárea de suelo de conservación por deforestación, asentamientos irregulares y tala ilegal, se pronunció por establecer cinturones verdes, estrategia que ha tenido éxito en diversas ciudades del mundo, al tiempo que indicó que el modelo funciona ya desde hace décadas en Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Holanda y Estados Unidos.
Se trata, dijo, de emprender los denominados cinturones verdes en la metrópoli, como una política pública en materia ambiental y de planeación, así como una alternativa para contribuir a detener la expansión de la mancha urbana en suelos de conservación o áreas con riqueza en biodiversidad forestal.
Jesús Sesma Suárez llamó al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca elevar castigos por realizar la tala ilegal en el país, misma que pone en peligro de extinción a la diversidad de flora y fauna silvestre del país.
“La tala ilegal es una amenaza que atenta contra la vida silvestre de la ciudad y de todo el país, porque al talar los árboles, los bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto; cada especie es importante dentro del entorno natural donde hace vida, bien sea como alimento para otros animales o como control de plagas, entre otras muchas cosas”, refrendó.
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