En el Congreso de la Ciudad de México hay coincidencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, en el llamado que hace a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de revisar la regulación de las tarifas cobradas por las aplicaciones de traslados.
Lo anterior fue asegurado por el vicecoordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad del Poder Legislativo local, José Martín Padilla Sánchez, quien reconoció que es necesario regular cuanto antes los precios en plataformas que se dedican al transporte de personas, tal es el caso de Uber, Didi y Beat.
Estableció que ante el hecho de que en días recientes personas usuarias de aplicaciones de traslados han reportado un aumento de hasta un 80 por ciento en la tarifa para viajes al interior de la capital del país y zona conurbada, el gobierno local debe actuar e incluso, tiene que participar el Congreso.
Refirió que los incrementos han generado inconformidad en la población capitalina con mucha razón.
Para el legislador Padilla Sánchez es importante aclarar que el ajuste o aumento de tarifas es determinado unilateralmente por las empresas de plataformas.
Expuso que el modelo de negocios de intermediación por plataforma, ha sido un esquema innovador que ha permitido a la ciudadanía obtener una nueva opción de traslado.
Sin embargo, una de las características de estos esquemas, es que se basan en la relación oferta-demanda y generan precios dinámicos en sus tarifas, lo que ha generado una forma asimétrica de competencia respecto a otros medios tradicionales y en ocasiones, como en días recientes, precios excesivos para las y los consumidores.
“Desde el Congreso de la Ciudad de México nos sumamos al exhorto realizado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que desde la Secretaría de Movilidad y en la medida de sus atribuciones, revisé la regulación de las tarifas cobradas por las aplicaciones de viajes para evitar afectaciones en las personas usuarias en la capital del país”, declaró.
Estableció que ello es con la finalidad de garantizar tarifas justas para las personas usuarias, así como evitar el cobro de tarifas excesivas o significativamente superiores como consecuencia de una posición dominante en el mercado, porque ello repercute directamente en la economía de las familias capitalinas.
Consideró que el aumento desproporcionado de los precios en un contexto de recuperación económica repercute directamente en el bolsillo de la ciudadanía.
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