La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México expresó su profunda preocupación ante el posible fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al amparo promovido en contra del cobro de la contribución del 2% sobre comisiones de las plataformas digitales de entrega y reparto a domicilio, por uso de infraestructura en la Ciudad de México, estipulado en el artículo 307 TER.
El presidente del organismo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, advirtió que dicho fallo afectaría a los usuarios y consumidores finales de manera directa, ya que serían ellos quienes terminarían asumiendo el nuevo cobro, sin contar con que se afectaría seriamente el ingreso de decenas de miles de repartidores y causaría el cierre de micro y pequeños restaurantes, así como de comercios.
El dirigente empresarial recordó que un principio general de las contribuciones, llámense impuestos, aprovechamientos o derechos, es que deben ser generales, abstractos e impersonales de conducta, condiciones que no cumple el artículo citado ya que se refiere textualmente a aquellos que realizan actividades similares y, sin embargo, los deja exentos de la aplicación de dicha normativa.
El líder del comercio establecido abundó que, además, constituye una violación a la garantía de equidad tributaria, ya que solo aplicaría para quienes usen plataformas o aplicaciones, a través de los cuales los usuarios puedan contratar la entrega de bienes o servicios.
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Por otra parte, el presidente de Canaco CDMX agregó que, contrario a lo que se afirma, el citado artículo afecta a todas las actividades empresariales, incluso a la industria de la construcción, cuando se le soliciten materiales y sean entregados a domicilio, así como a restaurantes, y cualquier comercio con servicio de entrega.
José de Jesús Rodríguez Cárdenas puntualizó que, más que una política recaudatoria, lo que necesita nuestro país son incentivos para que todo emprendimiento se constituya en una forma de empleo y de ingreso para el erario. Por ello, exhortó a la Segunda Sala de la Suprema Corte a llevar a cabo un análisis más a fondo que tome en cuenta a todos los actores involucrados y considere los derechos de todos los beneficiados con el uso de aplicaciones digitales.
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