La población expuesta a zonas de riesgo en la Ciudad de México ha aumentado en forma regular, en gran medida por la creciente ocupación irregular del territorio, porque la infraestructura urbana presenta condiciones de precariedad, la falta de mantenimiento e incumplimiento de la normatividad, los socavones que se presentan debido al hundimiento de la tierra son cada vez más peligrosos y comunes, además de hundimientos diferenciales, sismos e inundaciones entre otras cosas, expone el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT CDMX).
Los hundimientos diferenciales son un fenómeno progresivo asociado a la extracción de agua sin facilitar la recarga de los acuíferos profundos de la zona lacustre. Han sido producto de la modificación funcional de la cuenca y las zonas de mayor peligro por hundimientos (21-30 centímetros anuales) se presentan en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco.
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También están las zonas por peligro de inundación, que se concentran en la región cercana a las laderas del sur y poniente, además de una parte del centro-oriente.
En tanto que los socavones se deben a la pérdida de humedad en las arcillas de los suelos lacustres; son producto del reblandecimiento del terreno seco, ya sea por lluvias o fracturas; en la red de abastecimiento de agua se crean vacíos en el terreno que terminan por causar un hueco este. El territorio con mayores niveles de peligro por socavones corresponde a las regiones norte y oriente de la CDMX. Las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa son las más afectadas por estos hundimientos espontáneos.
Debido a su ubicación geográfica y su conformación histórica, la Ciudad de México está expuesta a diversos riesgos geológicos, que son los que causan mayores catástrofes. Así que el nivel de peligro por sismo está latente, particularmente en la zona centro oriente, y en pocas zonas urbanas la Ciudad presenta un nivel de peligro medio.
Ese diagnóstico tiene el propósito de identificar y priorizar los factores que están asociados con las dinámicas territoriales de la Ciudad en lo físico, económico, social, cultural y ambiental, además de orientar la estrategia general para el ordenamiento territorial a 15 años.
Se desarrolló un proceso de consulta pública e indígena durante la formulación del proyecto del PGOT CDMX y los resultados del proceso participativo indican que las principales preocupaciones, opiniones y propuestas de la ciudadanía, pueblos y comunidades, estuvieron orientadas a temas relacionados con la regulación del suelo (18.8%), asentamientos humanos irregulares (18.3%) y falta de opciones de vivienda (12.5%) e infraestructura física, a los que se suman propuestas vinculadas con el mejoramiento del espacio público y la convivencia social, la seguridad ciudadana, la movilidad y accesibilidad, y demás materias relevantes presentadas en el apartado IV del PGOT CDMX.
¿Qué pasa en materia de vivenda?
En el rubro de vivienda se destaca que, a pesar del decrecimiento poblacional de la Ciudad de México, el número de viviendas creció a un ritmo constante de 31,250 viviendas por año entre 2000-2020.
El Censo 2020 indica que existían 3,036,239 viviendas: 6.8% (207,026) deshabitadas, 71,780 de uso temporal (2.4%) y 2,756,319 viviendas habitadas (90.8%).
El rezago habitacional indica que 45.6% de la población habita viviendas precarias (EVALUA, 2020), de ellas cerca de 20% de la población las habita con altos niveles de hacinamiento.
En materia de seguridad de la tenencia, solo 55.5% son propias y el resto son rentadas, están prestadas o en proceso de pago, intestadas o en litigio; se estima que los hogares de los primeros seis deciles destinan más de 30% de su ingreso mensual al arrendamiento de su vivienda (ENVI, 2020).
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También se indica que el encarecimiento del suelo, la oferta de nueva vivienda limitada principalmente a vivienda media, residencial y residencial plus para hogares de ingresos medios y altos, la falta de una opción a gran escala de viviendas asequibles, así como la ausencia de alternativas de producción social de viviendas y de escasez de créditos para acceder o mejorar la vivienda social y popular, son problemáticas que han provocado una emigración casi forzada de hogares de menores ingresos (23,000 hogares promedio anuales en últimos 20 años).
Lo anterior agrava la expulsión de población y alentando la ocupación irregular del suelo de conservación y zonas de alto riesgo, o que se construyen más viviendas en áreas que deberían ser protegidas, lo que termina por afectar el acceso a la movilidad, infraestructura social, empleos de cercanías y servicio públicos.
Entre 2019-2022 se han promovido programas de vivienda incluyente, equitativa y sustentable que buscan reducir las desigualdades sociales y facilitar el acceso de vivienda a sectores populares, entre las que destacan: el Programa de Vivienda en Conjunto, el Programa de Mejoramiento de Vivienda, el Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario Tequio Barrio que desarrolla Senderos Seguros y proyectos comunitarios, la Ciudad del Bienestar, el Programa de Regeneración Urbana de Atlampa y el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente.
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