Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia letal, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”, señala Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En nuestro país, la criminalización de la protesta se inserta además en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.
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Las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.
En 2021 se registraron 54 homicidios, defensores ambientales y de territorio en México, para el 2022 se documentaron 31, ello de acuerdo al Informe Global Witness, citó Guevara Rosas.
Durante el lanzamiento del Informe “México, Tierra y ¿Libertad?, Criminalización de Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente”, elaborado por Amnistía Internacional, Erika Guevara resaltó que la criminalización injusta de las personas defensoras de derechos humanos distrae la atención sobre las causas raíz y los desafíos que enfrentan las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente.
Entre sus recomendaciones Amnistía Internacional llama al Estado a que cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño.
Expuso que el abordaje del derecho a la protesta debe reconocer que los conflictos sociales que se abordan con perspectivas punitivas generalmente agravan los problemas y no resuelven el fondo de los asuntos.
Las exigencias de las personas defensoras deben ser escuchadas y analizadas de manera adecuada y su derecho a la protesta garantizado, remarcó.
El uso desproporcionado de las normas penales es una de las amenazas principales al derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo Amnistía Internacional.
El informe se acompañó del lanzamiento de la campaña #ProtestarNoEsUnCrimen que busca visibilizar la problema de la criminalización injusta de las personas defensoras de derechos humanos y el impacto en la defensa de tierra, territorio y medio ambiente.
El informe documenta el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos.
“El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Se centra en cuatro casos: i) Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales; ii) Zacatepec, en el que Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.
iii) Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; iv) Sitilpech, Yucatán, pobladores de esta localidad como Jesús Ariel, Arturo y Juan Diego, se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
Diversas autoridades estatales han utilizado la vía penal en su contra sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tampoco han considerado los contextos de las protestas, las causas que las originaron, ni el derecho de las personas a defender la tierra, el territorio y el medio ambiente, manifestó.
El organismo internacional de Derechos Humanos resaltó que el informe subraya la utilización de tipos penales vagos o ambiguos que no respetan el principio de legalidad como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”.
Las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades. En ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito.
Amnistía Internacional constató algunas características comunes en los casos que son preocupantes. Las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes, o las personas más visibles de movimientose protesta, a quienes se les intenta procesar por delitos vagos, sin evidencia contundente y exclusivamente por sus acciones pacíficas.
Los procesos suelen alargarse por diversas causas, adicionalmente, existe una amenaza constante de reactivación de procesos o de fabricación de nuevos delitos.
Esta situación ocasiona claroscuros: por un lado, pudimos observar la esperanza y dignidad de las personas criminalizadas injustamente al sentirse apoyadas por sus comunidades, pero también que algunas personas decidieron abandonar la lucha para exigir respeto a sus derechos”, expuso Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Otras violaciones que ocurren en el marco de las protestas tampoco han sido investigadas, como las violaciones del derecho de libertad y seguridad de las personas defensoras, así como el uso excesivo de la fuerza
En importante resaltar que en el 2022, han sido asesinados 177 asesinatos defensores del 80% siguen ocurriendo en Colombia, Brasil y México.
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