Desde la primera piedra, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha estado en tela de juicio, consideró el Centro Católico Multimedial, al recordar que la legitimación provino de una consulta que captó poco más de un millón de opiniones frente a los 89 millones de votantes del padrón electoral.
Para el actual gobierno, eso fue suficiente para iniciar un proyecto de infraestructura de menor costo para cubrir las necesidades del espacio aéreo del Valle de México.
Pero lo barato sale caro. A diferencia del aeropuerto de Texcoco, cuya inversión sería de 13 mil millones de dólares, el Felipe Ángeles fue estimado en 75,000 millones de pesos, cantidad de 2019 cuando la construcción no había comenzado.
En su editorial, el CCM resaltó que los militares presentan con desmedida soberbia al AIFA como una opción de recreación para el pueblo marginado y empobrecido. Un espacio de picnics donde las familias “se echen una carnita asada” viendo el despegue de las aeronaves, con un museo paleontológico, centros de consumo y baños con motivos de la lucha libre mexicana.
Puro pan y circo que elevaron los costos presupuestarios del capricho aeroportuario del presidente López Obrador.
El CCM afirmó que una obra que debería ser eminentemente civil, quedó en manos de los militares cuya supuesta eficiencia no sería tan barata como quería el presidente quien, un año después, cambió la estimación de los costos al dispararse a más de 80,000 millones de pesos.
El organismo Católico destacó que este 21 de marzo, emblemática y casi mística fecha que idolatra al “mejor presidente que ha tenido México”, el gobierno de la pretendida transformación inaugura la primera de sus obras de infraestructura, emblemática por haber vencido a otra cuyas megadimensiones yacen ahora en el fango, oxidada por la venganza del poder en turno, envuelta en la mortaja del olvido.
El Felipe Ángeles inicia operaciones en medio de las carencias y difíciles condiciones para el acceso y traslado. Sin vías idóneas ni la infraestructura adecuada para ser, por el momento, viable para unir la terminal con la Ciudad de México.
Citó que sobre las ruinas del aeropuerto de Texcoco, se levanta el aeródromo Felipe Ángeles, en el complejo militar de Santa Lucía, obra que, a juicio de los especialistas, representa más dudas que certidumbre por su operatividad cuyo objetivo debe cumplir con el de funcionalidad que ayude a superar las capacidades del AICM, rebasado ya por el tiempo y exigencias de un mundo globalizado.
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De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 2021 se han ejercido 104,531 millones de pesos, sin contar el presupuesto de 2022 estimado en 11,450 millones de pesos para acabados finales de la terminal. En total, el costo del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía podría exceder el 23 por ciento al costo inicial estimado por López Obrador.
Sin embargo, otras observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que podrían dar al traste con la rentabilidad del nuevo aeropuerto dejándolo en una obra con pérdidas por la falta de planeación precipitada.
La auditoría de desempeño 2019-0-07100-07-0069-2020 de la ASF identificó que las estimaciones para el inicio de operaciones del AIFA este 21 de marzo “no incluyeron datos históricos sobre la situación de la industria aeroportuaria en el centro del país; que la secretaría (Defensa Nacional) no consideró las necesidades de las aerolíneas que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México, para una adecuada distribución de los pasajeros entre el AIFA, AICM y Aeropuerto Internacional de Toluca, y que no contó con una estrategia integral de transporte y de interconexión terrestre entre los tres aeropuertos, por lo que existe el riesgo de que se afecten los beneficios esperados y se requiera de un mayor monto de inversión y, en consecuencia, el Estado no obtenga la rentabilidad originalmente esperada…”
Además, no se dio la debida evaluación de los impactos por contingencia de covid-19. A juicio de la ASF, esto podría repercutir en la evaluación socioeconómica del proyecto.
La revisión de la cuenta pública 2020 demostró más irregularidades que certidumbre: Contratos con sobrecostos, pagos no comprobados o materiales que no tuvieron aplicación cierta en su destino.
En el Proyecto Global de Pastoral PGP 2031-2033, los obispos de México reconocen que “nuestro país ha ido experimentando un crecimiento y un estado de bienestar en campos como el de la infraestructura…” sin embargo, también señalan que “hay un empobrecimiento de un importante número de familias y que través de muchos años no hemos podido avanzar lo suficiente en el combate de este azote…”
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