La política de “abrazos y no balazos” vulnero la paz social en México a grado tal que, el crimen organizado tiene a más de 20 estados del país sumergidos en la violencia, ante la ignominia e impunidad generadas por el gobierno de cuarta y la ignorancia e insensatez de muchos servidores públicos, en sus tres niveles de gobierno. No se juzga lo que es evidente pues. Está claro que, ante la incapacidad del gobierno en turno, el crimen organizado afila sus navajas para consolidarse en el poder e influir en las próximas elecciones, de manera tal que, como lo advirtió el Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe de la Mata Pizaña, urge que nuestra nación realice un mapa de riesgos electorales para el proceso electivo del próximo mes de junio.
La conexión entre el crimen organizado y las elecciones es un fenómeno creciente en la presente administración, pero su agravamiento en 2024 plantea la urgente necesidad de abordar este problema de raíz. La fragilidad de las instituciones frente a estas amenazas exige una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades, así como una reflexión profunda sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión. El crimen organizado ha tejido sus redes en el retal mismo de nuestro sistema electoral. La infiltración de grupos criminales en la política y partidos políticos representa un peligro latente para la democracia. La corrupción, el soborno y la intimidación son herramientas comunes en el repertorio de estas organizaciones, comprometiendo la autenticidad de la representación política.
La creciente descomposición institucional y la desconfianza social nos ha llevado a un estado fallido, convirtiendo al crimen organizado en un peligro para México, este cáncer que ha tenido una metástasis acelerada en los últimos cinco años y que, hoy, amenaza la democracia y a la sociedad mexicana en general. El Magistrado de la Mata también propuso medidas como la implementación de "botones de pánico" para candidatos amenazados, la creación de un banco de datos público sobre antecedentes de candidatos, y la "bancarización" de las aportaciones a campañas. También abogó por la posibilidad de denuncias anónimas y la apertura de procedimientos sancionadores. Adicionalmente, hizo un llamado a las autoridades electorales para abordar el problema de frente, instándolas a no esperar a que alguien "empoderado" por la delincuencia llegue a la Presidencia de la República.
Así pues, la coerción violenta y las amenazas, las muertes, los secuestros y el control de las candidaturas por parte de los grupos delictivos, así como su intervención activa en el proceso, han estado presentes: durante la de selección de candidatos, las campañas mismas y, seguramente, durante la jornada electoral y después de la elección. En México, la ley en materia penal distingue delitos del fuero común y federal pero la corrupción e impunidad frena cualquier indagatoria al respecto. Los delitos relacionados con crimen organizado son responsabilidad exclusiva del orden federal, siendo las autoridades federales las únicas obligadas y responsables en combatir este tipo de delitos…
