Por Alejandro Jiménez
Por supuesto que el debate por la seguridad en el país no pasa por la soberana estupidez de “armar a todos los ciudadanos”, como lo propuso “Alito” Moreno, esa caricatura de presidente que tiene el PRI, y que trató de desviar la atención de sus propios escándalos con esa fallida sombra de humo.
No. El debate está en Palacio Nacional, en el corazón de una estrategia que se ha simplificado en los “abrazos no balazos”, pero que tiene algo más de fondo: la negativa del Presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de dar la orden de ejercer fuerza letal contra delincuentes y criminales.
Campea en él el dilema ético de no matar a ningún ser humano, en obediencia a sus respetables y personales convicciones religiosas. El problema es que él es el vértice del Estado mexicano, que, según nuestra tradición constitucional, tiene el monopolio legítimo de la violencia.
Toda la semana el presidente López Obrador se ha encolerizado cuando le tocan el tema de la inseguridad: alude a que la violencia no se combate con violencia (su mantra ético-personal) y acto seguido desvía el tema, regaña, dice que nadie criticó a los anteriores presidentes, que se investigue a Calderón, que los religiosos están apergollados por el poder económico, que mienten, que es falso ese mito de que les cobren “derecho de piso”, que se exagera por amarillismo el asesinato de periodistas, que como nunca se dan becas a los jóvenes para que ya no anden de narcos.
Se autoengaña con las cifras de la inseguridad que en términos generales refieren que la violencia está, en el mejor de los casos, en los mismos niveles del sexenio de Peña Nieto, aunque hay delitos que se han exponenciado.
“Pero el robo de autos ha bajado”, como si eso fuera consuelo para quienes han perdido su tranquilidad, bienes o vidas por culpa de los criminales. “Pero me levanto a las seis a escuchar el parte de seguridad y ajustar la estrategia; nadie antes lo hacía”. Pero la cruenta realidad se aparece brutal en las cifras, revelando la inutilidad de tales reuniones.
La renuncia del primer mandatario a ordenar la muerte de cualquier ser humano conlleva, sin embargo, que los criminales gocen del mejor momento que pudieron haber imaginado para extender control sobre el territorio y ya sobre pedazos importantes del aparato económico.
Tiene razón cuando dice que en el pasado las balaceras y zafarranchos con cárteles y delincuentes no resolvieron el problema. Fox, Calderón y Peña Nieto fracasaron. Pero irse al otro extremo, al de la inacción total, es entregar el país a los criminales envuelto y con moño.
Esperar una generación a ver si los actuales criminales se convencen de que van por mal camino y que es mejor cobrar un beca mínima a obtener ganancias millonarias traficando droga y que lo mejor es volverse agricultores, suena sensato, pero desesperantemente irreal cuando hoy hay personas secuestradas, en lo que lee este texto hay 9 muertos más, un empresario es despojado de sus ganancias lícitas, alguien es forzado a abandonar su lugar de origen por la violencia, o unos hijos no verán más al padre al que hoy matarán en su presencia.
Como todo problema complejo, la solución seguramente está en un punto medio, donde el uso racional de la fuerza, guiada por la inteligencia civil y militar, sumando un combate efectivo al lavado de dinero, más los apoyos sociales, todos juntos creen las condiciones para acabar con los incentivos delincuenciales.
Entender esos incentivos, que van más allá del dinero, sería el corazón e inicio de cualquier entendimiento del fenómeno y, tal vez, el principio de una solución que no se ve cercana de momento.
Dejar que las convicciones personales empañen los deberes de Estado debe ser todo un dilema, pero tiene que ser resuelto pronto o se perderá a la sociedad y de paso al Estado.
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