Por Alejandro Jiménez
El jueves pasado, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, anunció que Talleres Gráficos de México (TGM), que dirige Maribel Aguilera, concluyó la impresión de 105 millones de boletas electorales que se usarán el próximo 2 de junio en la elección presidencial y que se procedía a elaborar las de senadores, en aquellos estados donde ya están firmes los candidatos a contender.
La noticia suena tranquilizadora en el marco de las dudas que han surgido en torno a la capacidad de TGM para surtir de boletas a todo el país, sin embargo, el proceso no ha concluido y todavía hay reservas respecto a lo que pase en algunos estados de la República, cuyas elecciones locales pudieran estar en riesgo ante la falta de capacidad de TGM para surtir la totalidad de los encargos, mismos que ha subcontratado por vías, en muchos casos, cuestionables, a empresas que han incumplido en el pasado.
Es el caso de Yucatán, donde el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, el consejero Moisés Bates Aguilar, ha sido acusado de violar la Constitución local por haber cedido a presiones para favorecer en la impresión de las boletas locales a la empresa Formas Finas, de la familia Carranza, quien se subió de último momento a la licitación IEPAC-LPN-001-2024, vía la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V.
Formas Finas es una empresa que ha incumplido contratos con los institutos electorales del Estado de México y de Oaxaca, en sus respectivos procesos electorales para gobernador, pero no sólo eso, sino que el negocio de Comercializadora JVLY, S.A es surtir implementos eléctricos, de hecho es un proveedor conocido en la Comisión Federal de Electricidad. Apenas el año pasado amplió notarialmente su giro de negocio para también ser impresor, lo cual da idea que no tiene la experiencia requerida en la licitación para hacerse cargo de un proceso de tanta importancia como el actual.
Un caso más donde la subcontratación de TGM parece llevar todo hacia un proveedor problemático es Guanajuato donde consejeros electorales locales han externado su preocupación porque se ha permitido la inscripción en dicho proceso licitatorio de la empresa Formas Inteligentes SA de CV, con sede en Guadalajara, Jalisco, que fue denunciada y sancionada por incumplimientos en 2018 por el Instituto Electoral de Chiapas.
En el 2018 la empresa Formas Inteligente SA de CV fue sancionada por 4 millones 960 mil pesos, de acuerdo al expediente IEPC/CCAEAyS/ORD/009/2018, sobre las gestiones y aplicaciones de penas convencionales, por incumplimiento de contrato.
En ese proceso electoral de 2018, la misma empresa tuvo problemas con el Instituto Electoral de Michoacán. En su momento, la maestra Norma Gaspar Flores, titular de la Dirección Ejecutiva del IEM, se dirigió al maestro Gustavo Meixuiero, presidente del OPLE de Oaxaca, mediante el oficio No. IEM-DEAPyPP-088/2021, en donde a la letra dice: “no cumplió con lo establecido, en virtud de que surgieron complicaciones en la entrega de boletas, actas y demás documentos electorales, advirtiéndose una desorganización y nulo compromiso con el servicio”.
Es decir, si bien a nivel presidencial todo marcha en tiempo y forma, abajo hay evidencia de un desorden en la manera en que se están asignando proveedores para imprimir las boletas electorales, que también son parte de la elección del 2 de junio.
