El Aullido de Lobo
Los reporteros de La Prensa fueron agredidos por elementos de la policía municipal y de Tránsito del municipio de Chimalhuacán, ahí le pidieron al fotógrafo David Deolarte retirarse del lugar desde donde tomaba fotos de un accidente, que dejó saldo de una víctima mortal, lo mismo hicieron con un fotógrafo del diario Metro, quien documentaba la obstrucción a la labor informativa.
Ahí no paró la cosa, en determinado momento David Deolarte fue derribado y golpeado por al menos cinco personas, varios de ellos uniformados de la corporación policiaca, en tanto que, al otro comunicador, Leonardo Sánchez lo detuvieron.
Esto desató una ola de indignación entre la comunidad periodística, porque además de haber violentado a estos comunicadores, les inventaron delitos como el de alterar el orden público y allanar el escenario del crimen.
Con estos falsos argumentos los condujeron a su comandancia y a Leonardo Sánchez lo mantuvieron incomunicado por más de una hora.
Ante esto El Aullido de Lobo habló con la maestra en derecho, Adriana Arroyo, de la Facultad Interamericana de Litigación A.C. a fin de contar con un punto de vista profesional sobre el tema.
Esto solo confirmó que se trató de un evidente abuso de autoridad, en el que los funcionarios del municipio de Chimalhuacán obstaculizaron la labor informativa de David Deolarte y Leonardo Sánchez, además de haber incurrido, los policías, en delitos que podrían ir desde las lesiones hasta la violación de sus derechos humanos.
Los delitos que pudieran desprenderse de este acto son sancionables, de manera particular porque se trata de funcionarios púbicos, lo que incluso denotaría animadversión hacia los periodistas.
Y es que, en voz de la especialista el derecho a la información, es primordial en un estado democrático, lo que consagra la máxima ley en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece prerrogativas con respecto al estar informado.
Asegura la maestra Adriana Arroyo, que este derecho está bien claro en el artículo 7, donde dice que los mexicanos tenemos un derecho, que no puede ser violado, de difundir opiniones, información o ideas a través cualquier medio.
Un derecho que no puede restringirse porque constituiría un abuso del estado, de los controles y en su caso de particulares.
Esto no solo está contemplado en la Carta Magna, sino en diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros pactos que nuestro país ha suscrito y está obligado a respetarlos.
Lo acontecido esta mañana no solo fue un irreverente abuso de autoridad, además constituye delitos susceptibles de ser denunciados ante la Fiscalía de Servidores Públicos, luego de que coartaron el libre ejercicio de la prensa.
Incluso, cuando dijeron que Leonardo Sánchez portaba una credencial vencida, pues la ley no indica que necesariamente se tenga que pertenecer a un medio para ejercer la profesión y menos que se tenga que portar una identificación vigente, pues del comportamiento de estos policías podría inferirse un temor a que los fotoreporteros documentaran algo que encubrían.
David Deolarte declaraba ante la autoridad hasta la tarde de este jueves, mientras la comunidad periodística espera una explicación de las autoridades de Chimalhuacán, quienes no se asomaron ni por equivocación.
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