En el caso de la reforma eléctrica uno de los que está haciendo el trabajo de defender la posición de la 4T es Martí Batres, quien sostiene, que la resolución del juez defiende intereses económicos de las grandes empresas y no de los consumidores comunes. El insiste en su posición política de que la desición del juez contra la Ley de la Industria Eléctrica es también contra el Congreso de la Unión. Por lo pronto, el caso se va a segunda instancia y, dada la velocidad de los temas, la veremos pronto en la Suprema Corte de Justicia.
Poe cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal anda contento con la aprobación por amplia mayoría de la Ley Orgánica de la FGR que ahora, se ufana, tiene los elementos indispensables para enfrentar a la delincuencia y combatir el clima de inseguridad que vive el país.Monreal destacó que gracias al consenso que se alcanzó se atendió a los defensores de derechos humanos al no renunciar a su concepción original de acompañamiento y corresponsabilidad en la denuncia.
Nos dicen que el PAN en Puebla dará a conocer esta semana los datos de la empresa, razón social y modus operandi que está dedicada a manipular la opinión publica en internet. Dicen que puso en marcha una estrategia que trata de componer la plana del gobierno estatal en medios digitales y en redes sociales diseñaron estrategias de mensajes permanentes donde se aparenta que no son bots sino personas reales que interactúan para resaltar los logros del gobierno del estado y atacar a adversarios ¿De dónde estarán copiando el modelito?
La Auditoría Superior de la Federación detectó varias irregularidades que deberán ser explicadas por el estado de Chiapas que va en primer lugar en los peores manejos en cuestión de daños patrimoniales ocasionados por los recursos que la Hacienda Federal les ha entregado; de acuerdo con la ASF en sus informes derivados de las auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y entregadas en octubre de 2020, Chiapas dirigido por el gobernador morenista, Rutilio Escandón, se detectaron irregularidades en 3,339 millones de pesos, de los cuales 973 millones 474 mil pesos, casi el 30%, se enfocaron en la administración de recursos federales, sin aclarar su destino público. La revisión registró grandes ineficacias administrativas, tanto en la transparencia de varios rubros, como el educativo, el de seguridad en donde la policía jugó un papel de simulador para que el gasto operativo resultara inflado.
