Ocho servidores y ex servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes probablemente hicieron un pago de manera ilícita, afectando el patrimonio y los intereses del organismo fueron vinculados a proceso por un juez de Control.
El monto de la transacción con recursos públicos asciende a más de 830 millones de pesos, luego de que una empresa presentó a pago facturas que ya habían sido pagadas, por lo que los ahora imputados no defendieron adecuadamente los intereses de la Institución y probablemente hicieron un pago doble.
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Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó los datos de prueba al Juez de Control, quien determinó vincular a proceso a las siguientes personas:
Juan “L”, Sebastián “L”, Juan “A” y Javier “M”, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de Servicio Público, bajo la hipótesis cuando el servidor público que, teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de algún organismo descentralizado, por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
En el caso de Sebastián “L”, en la hipótesis que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales; a Juan “A”, igualmente se le agregó la presunta comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis de que el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal, además del de abogado patrono y litigante, en la hipótesis de abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando un daño.
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Asimismo, se vinculó a José “T”, Marx “O”, Sandy “T” e Irma “M”, por uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal.
Por solicitud de la FEMCC, se acordó procedente la imposición de medidas cautelares, consistentes en presentación mensual, así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Se decretó tres meses de plazo para la investigación complementaria.
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