La Prensa en Línea
México.- En un enfrentamiento registrado alrededor de las 2:30de la madrugada de este lunes en la población de La Agavia, deeste municipio, murieron un civil y cuatro elementos de la Agenciade Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de laRepública (PGR), además de que por lo menos siete efectivos másquedaron heridos y tres hombres fueron detenidos.
La zona de La Agavia es considerado el refugio principal deRaybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, señalado por lasautoridades como uno de los más peligrosos delincuentes de estaregión de la Tierra Caliente, quien se disputa el control congrupo criminal de La Familia Michoacana.
Entrevistado por teléfono por la Agencia de Noticias IRZA,Roberto Álvarez Heredia, vocero de Seguridad del Grupo deCoordinación Guerrero, dijo que este enfrentamiento se registrócuando los elementos se encontraban realizando una operación en lazona.
En el lugar quedaron cuatro camionetas con impactos de bala ylas llantas ponchadas, en las que viajaban los efectivos de laAgencia de Investigación Criminal de la PGR; una Toyota LanCruiser, color blanco, sin placas; una Chevrolet Van, color blanco,U81AHC; una Chevrolet Suburban, color gris, placas MTK7172 y unaJeep Gran Cherokee, color blanco, 933Z33.
Para las 16:50 horas de este lunes, los vehículos fueronarrastrados con grúas a Ciudad Altamirano.
Posteriormente, medio de un comunicado, Roberto Álvarezseñaló que los hechos están siendo investigados por laProcuraduría General de la República y la Fiscalía General delEstado.
“Al conocer los hechos, el gobernador Héctor Astudillo Floresinstruyó el envío de un helicóptero para el traslado inmediatode los heridos y su atención médica”, menciona en elcomunicado.
El Grupo de Coordinación Guerrero extendió “sus condolenciasa las familias de los agentes caídos en cumplimiento de su deber ysu solidaridad con los elementos lesionados”.
Además de que “reitera su compromiso de coadyuvar con lostrabajos de investigación y sumar los esfuerzos de lasinstituciones para que los responsables de este artero crimen seancastigados con todo el rigor de la Ley”.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía del Estado,ingresaron a la zona para realizar recorridos en búsqueda delgrupo que atacó a los elementos de la Agencia de InvestigaciónCriminal de la PGR, así como también arribaron helicópteros dela Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal,quienes realizaron sobre vuelos.
La identidad de los agentes heridos, así como la de losefectivos muertos y detenidos no fue dada a conocer, sólo se pudosaber que en una casa de La Agavia, velaban al civil fallecido poresos hechos, de nombre Marcelo de Almonte Olivera, de 39 años.
Sobre los detenidos se informó que serían puestos adisposición de un agente del Ministerio Público Federal.
Por la tarde, por medio de un comunicado, la ProcuraduríaGeneral de la República (PGR), informó que el personal de laAgencia de Investigación Criminal “fue emboscado por civilesarmados mientras realizaba actividades en contra del crimenorganizado”.
Y que “durante la acción se logró la detención de trespresuntos operadores de un grupo delictivo con presencia en laregión, así como el abatimiento de otro probableintegrante”.
“La Procuraduría General de la República, expresa susolidaridad con el sentir de las familias de los caídos en elcumplimiento de su deber y ha dado instrucciones a personal de ladependencia para dar seguimiento en los trabajos de investigación,con la finalidad de ubicar a los responsables de este deplorablesuceso”, señala el comunicado.
Enfatiza que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) seencuentra en la región donde sucedió este acontecimiento através de un despliegue operativo y la coordinación de peritospara realizar las diligencias correspondientes”.
Ante desdén del alcalde, secompromete el gobernador a dar seguridad acomerciantes
Dirigentes de cámaras patronales informaron que el gobernadorHéctor Astudillo Flores, en lo sucesivo, será quien les apoyepara recobrar la seguridad en sus negocios, mediante un operativoespecial y ante la ineficacia de las autoridades municipales parahacer frente a la grave situación de violencia que priva enChilpancingo.
El acuerdo fue tomado el pasado viernes, luego de que asistierona una reunión con el mandatario Adrián Alarcón Ríos, dirigentede la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)y Víctor Manuel Ortega Corona, de la Cámara Nacional de Comercio(Canaco).
En ese contexto, Ortega Corona dijo que no necesitan de redactarun oficio o hacer alguna manifestación contra el alcalde priistade Chilpancingo, Marco Antonio Leyva (MAL), porque son evidenteslos actos de violencia que se están registrando en estacapital.
Insistió que en cuanto a competencia se refiere, el gobernadorAstudillo Flores les ayudará a que se brinde seguridad aquí enChilpancingo a través de operativos del Grupo de CoordinaciónGuerrero.
Víctor Manuel Ortega dijo que ese tema lo han tratado conantelación con el alcalde MAL, desde hace más de un año. En elsentido, se había acordado que se sanearía el mercado “BaltazarR. Leyva Mancilla” e incluso la Dirección de GobernaciónMunicipal; sin embargo, el alcalde “no ha cumplido”.
Precisó que el alcalde Leyva Mena pudo haber evitado actosviolentos como los que se han registrado en ese mercado, sindescartar que en la Dirección de Gobernación Municipal se estánregistrando diversas inconformidades por los cobros indebidos acomerciantes ambulantes.
Desplazados de Chilapa se resisten avolver porque no confían en la presenciapolicíaca
La mayoría de las 800 familias desplazadas por la violencia decinco comunidades de Chilapa se resiste a regresar a sus viviendas,porque para ellos no garantiza su seguridad el despliegue de unaBase de Operaciones Mixtas (BOM).
El director del Centro de Derechos Humanos "José María Morelosy Pavón", Manuel Olivares, dijo que a pesar de que se instaló unaBOM de policías estatales y militares, "la gente no confía en lasautoridades, no tienen confianza y certeza que haya condiciones deseguridad para que regresen a sus comunidades".
Aceptó que hay familias que han regresado a sus comunidades,"pero es por la desesperación de no tener un sustento parasobrevivir, ya que dejaron parcela, animales, casa, y no tienenotra opción más que regresar".
Aceptó además que en esa franja de comunidades indígenas deChilapa hay vigilancia policial y militar, "pero también es ciertoque desde antes ya estaban y hay una gran cantidad de desaparecidosy asesinados. La presencia militar y policiaca no garantiza lavida, la tranquilidad para las familias que fueron desplazadas porla violencia", lamentó.
Añadió que además de las comunidades de Ahuihuiyuco,Tepozcuautla y Tetitlán, hay también familias desplazadas en LodoGrande y Tepehuixco. "Hablaríamos de 800 familias desplazadas enla región y las que han regresado son la minoría, y no encondiciones de plena seguridad", dijo.
Recordó que además hay comunidades de Zitlala donde tambiénhay desplazamiento de familias. "Son cientos de familiasdesplazadas en Chilapa y Zitlala; están esperando que regresenalgunos", precisó.
Manuel Olivares reprochó que no haya apoyo y una estrategiaclara del gobierno para atender a las familias desplazadas por laviolencia. "Existe la ley 487 que se encarga de prevenir y atenderel desplazamiento interno en Guerrero, pero es una ley general queno está reglamentada para atender este tipo de problemas",acusó.
El director de ese centro explicó que la mayoría de lasfamilias no quiere regresar a sus hogares por la violencia, yporque además no tienen apoyo para una reubicación y asistenciasocial. “No son ni la mitad de las personas que se desplazaronlas que volvieron", aseguró.
Señaló que la mayoría de las familias hicieron estedesplazamiento de manera dispersa con familiares y amigos, a otrosestados. "Algunos incluso se fueron de jornaleros a Sinaloa. Es unproblema difícil, porque no se retiraron de manera organizada y nole exigieron al gobierno que los atendiese en su condición devíctimas de desplazamiento forzado", lamentó.
Dijo que este fenómeno inició hace varios años, desde el2007, cuando empezaron los secuestros, las agresiones y el cobro depiso, pero se agudizó en el 2015 y hoy ha encontrado su máximaexpresión en el desplazamiento.
“Hay mucho temor y terror en la gente, es bastante grave loque sucede.
Tenemos un registro claro de este desplazamiento forzado, sehabla de que llegaron a Chilpancingo, Iguala y Acapulco y esdifícil localizarles para tener un padrón de estas personas. Esuna estrategia que es inherente a la forma de trabajar del Estadoen contubernio con los grupos de poder fáctico, como es el crimenorganizado", finalizó.
