Tras un análisis a la obra de remodelación de la Plaza 28 de julio en Playa del Carmen, inconformes señalan que existe suplantación de identidad, negligencia del Ayuntamiento Solidaridad, y adjudicación de la obra a una chef y a un técnico naval, entre otras irregularidades.
El pasado 1 de mayo, la presidenta municipal Lili Campos Miranda presentó la obra, que tiene asignado un presupuesto cercano a los 45 millones de pesos. Al día siguiente se publicó la convocatoria de ilicitación.
El 8 de mayo, el ayuntamiento de Solidaridad recibió de la empresa MAHARBA Servicios Inmobiliarios SA de CV., una propuesta de "Remodelación de la Plaza Cívica 28 de Julio", por un monto de 44 millones 945 mil 959 pesos y 14 centavos, firmada por el Ingeniero Jorge Villanueva Antonio, quien resultó el ganador en la adjudicación aprobada por Campos Miranda.
Posteriormente, el 17 de mayo se realizó la presentación de apertura de proposiciones, y el 19 de mayo, se falló a favor de MAHARBA Servicios Inmobiliarios SA de CV, que en dicho acto estuvo representada por el Ingeniero Manuel Alejandro Pérez Blanco.
De acuerdo a la investigación, en el Registro Nacional de Profesionistas, Pérez Blanco está registrado como técnico en mecánica naval con cédula 8418377, obtenida en 2013 por el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 10 de Chetumal, Quintana Roo, y en el fallo firmado en el Ayuntamiento de Solidaridad, al pie de su nombre firma como Ingeniero.
El uso indebido de títulos profesionales está tipificado como delito en el artículo 250 del Código Penal Federal de México. Esta ley establece que se impondrá de seis meses a dos años de prisión a quien utilice un título profesional que no le corresponda.
Al firmar el fallo, Manuel Alejandro Pérez Blanco con un título que no le pertenece, e incurrir en un posible delito, se cuestiona la validez del contrato con el Ayuntamiento de Solidaridad, ya que sería causa de nulidad del mismo según lo establecido en el Código Civil Federal en su artículo 1813, el cual menciona que “el error, dolo, mala fe o violencia, vician el consentimiento”, y en el caso del ayuntamiento podría existir complicidad o negligencia por no verificar las credenciales de las personas con las que celebran contratos.
El 29 de junio de 2022, la presidenta municipal Lili Campos firmó el contrato HAS-SlyOP-FORTAMUN-023-2022 con la empresa MAHARBA Servicios Inmobiliarios SA de CV, y por tercera ocasión, la empresa cambió de representante; dicho contrato fue firmado por Maritza Abigail Zenteno Ceballos en calidad de Apoderada General, y por una cantidad de 25 millones 853 mil 067 pesos y 40 centavos.
Zenteno Ceballos posee el título de técnico superior universitario en gastronomía, con cédula número 8748031, por la Universidad Tecnológica Metropolitana en 2014. es decir, el ayuntamiento de Solidaridad entregó una obra pública a una chef.
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MAHARBA Servicios Inmobiliarios SA de CV figura en el Registro Público de la Propiedad a nombre de Tino Antoine Abraham Pompeyo y Claudia Janeth Vargas Ricalde, quienes son cónyuges. Asimismo, la dirección fiscal de MAHARBA Servicios Inmobiliarios SA de CV se ubica en Plaza Andador Tulum, también propiedad de mencionado matrimonio.
Dicha empresa ya ha tenido observaciones por irregularidades en sus contratos, de acuerdo al expediente AEMOP-FO-024-R01 la Auditoría Superior del Estado.
En el Informe Individual de Auditoría, con relación a los Expedientes Técnicos Unitarios de Obras de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Solidaridad, del ejercicio fiscal 2018, correspondiente a la Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Propios\u0009 AEMOP-DFMOP-B-GOB-RP-147, la ASEQROO verificó un monto de 114 millones 466 mil 631 pesos con 84 centavos, y concluyó: “Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría en la revisión de los expedientes técnicos unitarios de obra, se detectaron irregularidades en la integración de la documentación soporte de los mismos, originando observaciones de cumplimiento legal, así mismo, durante el proceso de la verificación física de las obras se encontraron irregularidades en los trabajos ejecutados, determinándose observaciones con presunto daño a la Hacienda Pública en materia de obra pública.”
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