/ martes 14 de septiembre de 2021

Niegan amparo a Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (GCC) para evitar el pago de 36.1 millones de dólares en Colorado

La autoridad judicial estadounidense determinó que la firma mexicana debe pagar por incumplir un acuerdo de accionistas

La Corte para el Distrito de Colorado en Estados Unidos, negó anular el fallo con el que reconoció e impuso el pago de un laudo arbitral de 36.1 millones de dólares a Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (GCC).

El juez federal de distrito, John L. Kane, denegó el 30 de abril la moción presentada por el GCC, fecha desde la cual la empresa mexicana no ha revelado a sus accionistas, ni reportado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que debe hacer frente a una obligación por el monto antes mencionado, el cual va en aumento.

Los antecedentes del caso señalan que una Corte de Apelaciones del Décimo Circuito estadounidense confirmó la decisión de un Tribunal de Colorado que reconocía el laudo arbitral de 36 millones de dólares más intereses otorgado a favor de la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), que ahora se aproxima a los 50 millones, y en contra de Grupo Cementos Chihuahua (GCC).

La autoridad judicial estadounidense determinó que la firma mexicana debe pagar por incumplir un acuerdo de accionistas, un asunto que data desde 2013, cuando un tribunal arbitral determinó dictó un laudo a favor de Cimsa.

La decisión de la Corte de Apelaciones, hecha pública el pasado 17 de agosto pasado, confirma el fallo que ya en marzo de 2019 había emitido el juez del Distrito de Colorado, John L. Kane, quien en esa ocasión rechazó la argumentación de la cementera mexicana en el sentido de que el laudo en su contra no podía tener efecto debido a una supuesta anulación de los procedimientos en su contra que la empresa había obtenido en Bolivia.

Y, es que, en sus conclusiones, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito confirmó tanto lo dictaminado por el Tribunal de Distrito como el laudo arbitral amparado en la Convención de Nueva York -acuerdo internacional suscrito también por México que obliga a los juzgados y tribunales de los países signatarios del Tratado a respetar y hacer cumplir los laudos arbitrales extranjeros.

El conflicto legal entre la empresa boliviana Cimsa y la empresa mexicana Cementos de Chihuahua da comienzo en 2011 al interior de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), cuando la cementera vendió 47.02% de sus acciones al Consorcio Cementero del Sur (CCS).

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La Corte para el Distrito de Colorado en Estados Unidos, negó anular el fallo con el que reconoció e impuso el pago de un laudo arbitral de 36.1 millones de dólares a Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (GCC).

El juez federal de distrito, John L. Kane, denegó el 30 de abril la moción presentada por el GCC, fecha desde la cual la empresa mexicana no ha revelado a sus accionistas, ni reportado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que debe hacer frente a una obligación por el monto antes mencionado, el cual va en aumento.

Los antecedentes del caso señalan que una Corte de Apelaciones del Décimo Circuito estadounidense confirmó la decisión de un Tribunal de Colorado que reconocía el laudo arbitral de 36 millones de dólares más intereses otorgado a favor de la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), que ahora se aproxima a los 50 millones, y en contra de Grupo Cementos Chihuahua (GCC).

La autoridad judicial estadounidense determinó que la firma mexicana debe pagar por incumplir un acuerdo de accionistas, un asunto que data desde 2013, cuando un tribunal arbitral determinó dictó un laudo a favor de Cimsa.

La decisión de la Corte de Apelaciones, hecha pública el pasado 17 de agosto pasado, confirma el fallo que ya en marzo de 2019 había emitido el juez del Distrito de Colorado, John L. Kane, quien en esa ocasión rechazó la argumentación de la cementera mexicana en el sentido de que el laudo en su contra no podía tener efecto debido a una supuesta anulación de los procedimientos en su contra que la empresa había obtenido en Bolivia.

Y, es que, en sus conclusiones, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito confirmó tanto lo dictaminado por el Tribunal de Distrito como el laudo arbitral amparado en la Convención de Nueva York -acuerdo internacional suscrito también por México que obliga a los juzgados y tribunales de los países signatarios del Tratado a respetar y hacer cumplir los laudos arbitrales extranjeros.

El conflicto legal entre la empresa boliviana Cimsa y la empresa mexicana Cementos de Chihuahua da comienzo en 2011 al interior de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), cuando la cementera vendió 47.02% de sus acciones al Consorcio Cementero del Sur (CCS).

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