La organización Artículo 19 rechazó y expresó su preocupación por la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla, en la cual se busca adicionar un segundo párrafo al artículo 165, con el objetivo de penalizar a todo aquel que difunda o comparta información falsa en plataformas digitales o medios de comunicación durante una contingencia sanitaria.
Ante la propuesta presentada por los diputados Nora Merino Escamilla, del Partido Encuentro Social, y Gabriel Biestro Medinilla, coordinador del grupo legislativo de Morena, la organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información en México consideró que esta criminaliza y estigmatiza a la prensa.
Refirió que el texto propuesto añade que la sanción (de dos a seis años de cárcel y multa de hasta 200 salarios mínimos) se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descredito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado.
Artículo 19 estimó que la iniciativa, en caso de aprobarse, constituiría una norma ilegítima, innecesaria y desproporcional, conforme al test previsto en los estándares internacionales, para el establecimiento de restricciones a la libertad de expresión e información.
LA INICIATIVA ESTIGMATIZA Y CRIMINALIZA A LA PRENSA
En un comunicado de prensa, la organización indicó que el texto presentado conlleva una carga estigmatizante en contra del medio periodístico.
Este infiere a priori que existe una intencionalidad de perturbar la paz social por parte de comunicadores y periodistas. De la misma forma, establece conceptos ambiguos que posibilitaría imputaciones indiscriminadas y arbitrarias, al invocar elementos tales como “paz pública”, “menoscabo a la autoridad”, “miedo, temor o confusión en la población”.
Asimismo, cualquier persona que transmita o replique información que la autoridad califique como “falsa”, también podría ser imputada por tal motivo.
Al respecto citó que en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas (Fake news), Desinformación y Propaganda, se estableció que las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos noticias falsas o información no objetiva, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión.
LA CRÍTICA, DESCRÉDITO O CONTRADICCIÓN NO DEBE SER PENALIZADO
Artículo 19 mostró preocupación por la adición de la penalización a quien provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado, pues es contraria a las normas nacionales y estándares internacionales sobre libertad de expresión.
“Esta iniciativa es sumamente grave, pues por un lado exime al estado de su responsabilidad de brindar información veraz y eficiente, y por el otro establece responsabilidades y medidas punitivas desproporcionadas. ARTICLE 19 ha documentado una serie de agresiones contra periodistas quienes han sido críticos con el gobierno de Puebla. El mismo gobernador del estado ha emitido declaraciones sobre inmunidad y curas contra el COVID-19 las cuales desinforman y ponen en riesgo a la población”, dijo.
La organización reconoció la necesidad de disminuir la desinformación, sin embargo, la modificación del Código Penal contraviene derechos humanos y podría incentivar la censura previa. El carácter punitivo de la propuesta muestra la ausencia de una visión preventiva que haga frente a la desinformación.
Finalmente, Artículo 19 llamó a los integrantes de la LX Legislatura del Congreso de Puebla, en particular a los diputados Nora Merino y Gabriel Biestro a retirar esta iniciativa con el fin de proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
JLP
