Organizaciones de la sociedad civil en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, expusieron su preocupación ante la actitud de inversionistas que insisten en confrontar los avances logrados en los últimos años en la regulación del aprovechamiento de terrenos costeros en la zona de Holbox.
Ante esta situación, las ONGs, autoridades locales y ejidatarios han decidido unirse en una acción conjunta para buscar soluciones y exigir que las autoridades federales tomen cartas en el asunto. Buscan que sus voces sean escuchadas y que se investigue a fondo este caso de agandalle de playas en Quintana Roo.
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A diferencia de otros proyectos que incluso han impulsado la creación de un Plan de Manejo para el Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, que favorezca el uso sustentable de recursos en esta zona, el caso del empresario Bernardo Guerra Treviño evidencia una forma de operar que ya debería estar superada y que además provoca un conflicto legal que afecta otras actividades en la región.
El empresario se niega a reconocer que los cambios provocados por la erosión costera en terrenos de su propiedad en Isla Grande implica una re-zonificación dentro del marco regulatorio por uso de suelo en Zona Marítimo Federal.
La actitud del exdirector de Banco Famsa preocupa a los denunciantes, quienes con el apoyo de otros inversionistas privados y el sector social, han trabajado en mejorar los esquemas para el desarrollo de proyectos turísticos de bajo impacto y ambientalmente amigables en Yum Balam.
Las ONG señalan que es preocupante el caso debido a que es un acaparamiento de playas que involucra a políticos y empresarios de la región y el conflicto es con Guerra Treviño, vinculado a Banco Famsa y MG Capital, cuyas actividades han sido objeto de denuncia por parte de diversos medios de comunicación.
Las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y ejidatarios se han unido para tomar medidas ante la inminente amenaza que representa este caso para el entorno social y ecológico de la región porque, dicen, es un atropello a los derechos de acceso a las playas, un recurso natural de gran importancia para la comunidad y la industria turística de Quintana Roo. Hay ya una fuerte presión pública para rendir cuentas y explicar sus acciones.
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