Ráfaga
El gobierno federal nos aseguró que con la entrada en operación de la Guardia Nacional la inseguridad se acabaría; sin embargo, hasta ahora la violencia no cesa, pues los grupos del crimen organizado y narcotráfico cada vez abarcan más terreno y, es que en los Estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México y en la CDMX la violencia continúa sin control de las policías municipales, estatales y federal.
¿Que pasó entonces con la Guardia Nacional señor presidente?
LA SCJN GARANTIZA A LAS VÍCTIMAS DE UN DELITO
En el caso, los días veintiséis y veintisiete de septiembre del 2014, en el Municipio de Iguala, Guerrero, se suscitaron acontecimientos violentos, en perjuicio de diversos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, y de jóvenes integrantes del equipo de fútbol “Avispones de Chilpancingo, F.C.”, que viajaban en un autobús en la carretera de Chilpancingo.
Algunas víctimas, solicitaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la reparación del daño. Al existir un desacuerdo en cuanto al monto de compensación subsidiaria fijado entre algunas de las víctimas y la CEAV, la Suprema Corte conoció del asunto.
SE ACABARON LOS GRILLETES PARA LOS JORNALEROS
“Se acabaron los grilletes para los jornaleros de San Quintín.
Hoy con la nueva reforma laboral se harán valer sus derechos y se les garantizarán condiciones dignas de trabajo, aseveró el Secretario General de la CATEM, Pedro Haces, de gira por Baja California.
En el marco del encuentro “El campo en la 4T”, organizado por el Senador Gerardo Novelo Osuna (Morena) en coordinación con trabajadores agrícolas de la región, Haces Barba recordó que durante muchos años los jornaleros de San Quintín han sido sometidos a condiciones de explotación laboral.
CASO BONILLAZO
El PRD en la Cámara de Diputados, no descarta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale la reforma que el congreso de Baja California aprobó el pasado 8 de julio y que extiende a 5 años, la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, pese a las irregularidades que se han advertido sobre ese proceso.
Antonio Ortega Martínez, integrante del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados, expuso que, para declarar la invalidez de dicha reforma, se requieren estrictamente, ocho votos en contra y la Suprema Corte está integrada por once ministras y ministros; pero bastarán cuatro (aliados al presidente Andrés Manuel López Obrador) que declaren la legalidad para no completar los que se precisan.
