Diputados del Estado de México exigieron investigar las violaciones al marco legal en las que presumiblemente habrían incurrido policías de Cuautitlán Izcalli, tras el suceso que le costó la vida al actor Octavio Ocaña, y se pronunciaron por revisar minuciosamente “con lupa” la aplicación de los protocolos.
Indicaron que es necesario revisar si estos procedimientos se están ajustando a lo establecido en el marco jurídico para garantizar el respeto de los derechos humanos.
Luego de que el gobierno de Cuautitlán Izcalli asegurara en un comunicado que los policías que participaron en la persecución del vehículo que conducía Octavio Ocaña actuaron en función de los protocolos, los legisladores dijeron que se requiere darle seguimiento al caso, con una investigación para conocer presuntas violaciones al marco legal.
En entrevistas, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza aseveró que no sólo el municipio tiene que explicar cómo está aplicando los protocolos, sino que las demás corporaciones policíacas del Estado de México también tienen que rendir cuentas.
En ese sentido, afirmó que el titular de Seguridad Pública del Estado de México, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, lo mismo que el fiscal general de justicia de la entidad, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, deben informar qué protocolos ponen en marcha los elementos policiacos para garantizar el respeto a los derechos humanos.
El gobierno de Cuautitlán Izcalli, a cargo del alcalde Ricardo Núñez, solicitó al comisario de seguridad pública local, emitir un comunicado en el que informó “que los dos policías pertenecientes a la corporación y que participaron en la persecución del vehículo del ahora occiso, actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos, tal y como ha quedado asentado en la carpeta de investigación que realiza la Fiscalía mexiquense”.
Sin embargo, los legisladores se sumaron a las muestras de repudio de la población expresadas a través de las redes sociales, e indicaron que será necesaria una investigación para conocer la supuesta falta de aplicación a los protocolos policiacos.
Sobre esta ola de rechazo social hacia las corporaciones policiacas, la legisladora Luz María Hernández Bermúdez manifestó que las autoridades estatales y municipales deben aclarar cómo se están aplicando los mecanismos para evitar abusos, “pues se perciben omisiones por parte de las corporaciones”.
Agregó que a la población no sólo se le tiene que informar por parte del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli sobre el actuar de los policías, sino que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también está emplazada a dejar en claro las supuestas inconsistencias en la investigación.
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Dijo que hay sospechas de que el ministerio público estatal realiza pesquisas al margen de la ley “distorsionando la verdad histórica de los hechos, con el fin de beneficiar o perjudicar a quienes realizan la labor policial”.
Explicó que tal situación fue lo que motivó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México iniciara una queja de oficio por presuntas violaciones al derecho humano, a la integridad y seguridad personal, así como al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.
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