/ lunes 28 de febrero de 2022

Juez difiere audiencia del caso Julio Scherer; ordena a FGR entregue expediente a imputados

La Fiscalía dijo estar en desacuerdo con la determinación de autorizar que los imputados estuvieran por videoconferencia, aunque al final la audiencia se difirió para el próximo 8 de marzo

El juez José Rivas González con sede en el Reclusorio Norte difirió la audiencia de las acusaciones de Juan Collado contra un grupo de abogados que laboraron con Julio Scherer Ibarra en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para el próximo 8 de marzo a las 13:10 horas. Las imputaciones contra los penalistas son por el delito de extorsión.

Al inicio de la audiencia se dio un debate, ya que los imputados manifestaron que no se les había corrido traslado (entregar copias) de la carpeta de investigación.

Posteriormente, la Fiscalía dijo estar en desacuerdo con la determinación de autorizar que los imputados estuvieran por videoconferencia, con la condición de aportar datos de localización tales como domicilio y número telefónico para verificar que se encontraban ahí, toda vez que ello no aportaba certeza respecto de la ubicación de los imputados, ya que pude alterarse la geolocalización o redirigir la llamada.

Tras de un breve receso, el Juez determinó diferir la audiencia para el próximo 8 de marzo a las 13:10 horas, con el propósito de asegurar el debido proceso y el derecho de la defensa de las partes, así como para garantizar que se pueda llevar a cabo materialmente la audiencia.

El Juez exhortó a la Fiscalía le corra traslado completo de la carpeta de investigación a los imputados; y a las partes para que comparezcan de forma presencial.

De acuerdo con la FGR, los abogados: Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, quienes trabajaron con Scherer Ibarra, cuando él era titular de dicha Consejería Jurídica de Presidencia, habrían extorsionado a diversos actores vinculados en casos judiciales muy importantes, como: Guillermo Álvarez, expresidente del Club de futbol profesional Cruz Azul o a Juan Collado, abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña, a quien se le imputa el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De hecho, Juan Collado, quien se encuentra preso desde 2019, ha acusado a Scherer Ibarra de haber tratado de negociar un acuerdo reparatorio, que no procedió.

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Collado acusó en octubre de 2021, que uno de los abogados que trabajaba con Julio Scherer, lo extorsionó por 3 años, con la promesa de dejarlo libre e incluso, indica que en 2019, supuestamente pagó 10 millones de pesos a cambio de que detuvieran la investigación en su contra en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando aún estaba al frente de esta dependencia Santiago Nieto.

A Collado se le acusa de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos. Fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en perjuicio de Gobierno de Chihuahua y, por presuntamente cobrar en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para lavar dinero en dicho estado.

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El juez José Rivas González con sede en el Reclusorio Norte difirió la audiencia de las acusaciones de Juan Collado contra un grupo de abogados que laboraron con Julio Scherer Ibarra en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para el próximo 8 de marzo a las 13:10 horas. Las imputaciones contra los penalistas son por el delito de extorsión.

Al inicio de la audiencia se dio un debate, ya que los imputados manifestaron que no se les había corrido traslado (entregar copias) de la carpeta de investigación.

Posteriormente, la Fiscalía dijo estar en desacuerdo con la determinación de autorizar que los imputados estuvieran por videoconferencia, con la condición de aportar datos de localización tales como domicilio y número telefónico para verificar que se encontraban ahí, toda vez que ello no aportaba certeza respecto de la ubicación de los imputados, ya que pude alterarse la geolocalización o redirigir la llamada.

Tras de un breve receso, el Juez determinó diferir la audiencia para el próximo 8 de marzo a las 13:10 horas, con el propósito de asegurar el debido proceso y el derecho de la defensa de las partes, así como para garantizar que se pueda llevar a cabo materialmente la audiencia.

El Juez exhortó a la Fiscalía le corra traslado completo de la carpeta de investigación a los imputados; y a las partes para que comparezcan de forma presencial.

De acuerdo con la FGR, los abogados: Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, quienes trabajaron con Scherer Ibarra, cuando él era titular de dicha Consejería Jurídica de Presidencia, habrían extorsionado a diversos actores vinculados en casos judiciales muy importantes, como: Guillermo Álvarez, expresidente del Club de futbol profesional Cruz Azul o a Juan Collado, abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña, a quien se le imputa el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De hecho, Juan Collado, quien se encuentra preso desde 2019, ha acusado a Scherer Ibarra de haber tratado de negociar un acuerdo reparatorio, que no procedió.

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Collado acusó en octubre de 2021, que uno de los abogados que trabajaba con Julio Scherer, lo extorsionó por 3 años, con la promesa de dejarlo libre e incluso, indica que en 2019, supuestamente pagó 10 millones de pesos a cambio de que detuvieran la investigación en su contra en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando aún estaba al frente de esta dependencia Santiago Nieto.

A Collado se le acusa de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos. Fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en perjuicio de Gobierno de Chihuahua y, por presuntamente cobrar en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para lavar dinero en dicho estado.

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