La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación del considerado ya el mayor caso de corrupción de este sexenio; se trata del desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por la compra irregular de azúcar, simulación de entrega de producto, documentos sin soporte documental, erogaciones presupuestarias sin acreditar, liquidación de servicios en contratos vencidos, compras a empresas que no existen y salidas de efectivo injustificadas.
El quebranto a las arcas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es superior a los 11 mil millones de pesos, y se estima que podría rebasar los 15 mil millones de pesos, lo que triplicaría el monto de lo desviado en la denominada Estafa Maestra en el sexenio anterior, donde se detectó un desvió de 5 mil millones de pesos. Actualmente por el caso Segalmex hay en curso 22 órdenes de aprehensión, de las cuales sólo se han cumplimentado 11.
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Los dos últimos detenidos más por el caso Segalmex, son Javier Adán Jiménez Tinoco, quien era el apoderado legal de Servicios Integrales Carregín y José Elías Ávila Peña, jefe de almacén de Diconsa de San Luis de la Paz, Guanajuato, relacionados con la compraventa simulada de azúcar.
Gregorio Salazar Hernández, juez del Centro de Justicia de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Jiménez Tinoco por delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras a Ávila Peña, sólo por delincuencia organizada. A los detenidos se les dictó prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano.
Los ahora detenidos están implicados en la venta simulada de casi ocho toneladas de azúcar, por lo que Segalmex pagó más de 142 millones de pesos a Servicios Integrales Carregín.
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La presunta red de corrupción que se tendió alrededor de Segalmex, lo que antes era Conasupo y que el presidente desapareció para dar paso a esta nueva empresa, salió a la luz pública debido a las 38 denuncias presentadas en contra de la paraestatal, y la FGR, a través del MPF, logró que un juez le otorgara 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos y personas ligadas a la empresa que resultó beneficiada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Segalmex fue creado por el presidente en enero de 2019 para garantizar la autosuficiencia alimentaria. El organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y social del país.
De las investigaciones llevadas a cabo por el MPF, se detectó que la paraestatal firmó un convenio para la compra de 7.8 toneladas de azúcar a cambio de 142.4 millones de pesos; sin embargo, la empresa Servicios Integrales Carregin recibió el dinero, pero entregó poco más de un tercio del producto. Otra evidencia es que Segalmex firmó cinco convenios para adquirir 73.4 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, unos 3,8 millones de dólares, pero solo recibió una parte.
En tanto, la Auditoría Superior de la Federación reportó en febrero pasado irregularidades en el gasto de 1 mil 151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Esto llevó al órgano fiscalizador a presentó ya 12 denuncias relacionadas con las cuentas públicas 2019 y 2020 sobre las operaciones de Segalmex durante el periodo.
Las sospechas en torno a los malos manejos en la paraestatal, se confirmaron cuando en julio de 2021, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentó que la dependencia otorgó 797 millones de pesos a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.
Incluso las investigaciones del organismo fueron más allá al detectar que Segalmex había contratado como nuevo gerente de operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de Grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.
Se señala que Ignacio del Valle, durante el tiempo que fungió como director de Segalmex (2019-2022) autorizó la compra de bonos bursátiles con dinero de Segalmex, situación que se señala está prohibida por la ley. Por la compra de bonos, se fincó la acusación en contra del personal de Segalmex de uso ilícito de atribuciones y facultades, al documentarse que, en 2020, se adquirieron 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa.
Actualmente Ovalle Fernández cuenta con 22 denuncias en la FGR y se le acusa por un desfalco de 8 mil 636 millones de pesos, sólo durante su gestión en 2020.
MANEJO DISCRECIONAL EN SEGALMEX
Sin reglas claras, y manejo de dinero discrecional en Segalmex se llevó a cabo un derroche de recursos públicos al establecer una red de proveedores que mediante adjudicaciones directas, se hicieron de contratos multimillonarios, sin que mediara supervisión alguna, incluso del director general.
Con la fusión de Liconsa y Diconsa, se hizo un despido masivo e injustificadamente a personal de base para después recontratar a otros trabajadores mediante el esquema de outsourcing que se controlaba con empresas fachada, pero que en la realidad sustraían los sueldos de cientos de aviadores.
Desde junio de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Segalmex, y sobre todo en el actuar de René Gavira Segreste, quien entre 2019 y 2020 fue el Director de Administración y Finanzas de Segalmex y el responsable de otorgar multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa.
Gavira Segreste salió de la dependencia federal en julio de 2020, en medio de señalamientos de corrupción y malos manejos, y un faltante de casi mil 500 millones de pesos en inventarios de granos, pago de bienes que nunca fueron entregados, padrones duplicados, arrendamientos de equipos a costo inflado, adquisición de instrumentos financieros que han arrojado pérdidas, desvío de subsidios y pagos en exceso a favor de grandes productores.
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Por su parte MCCI denuncio en agosto del 2020, sobre la asignación directa de dos contratos por hasta 4 mil millones de pesos para procesar 800 mil litros de leche al día, durante 5 años, a favor de una empresa que carecía de experiencia e infraestructura, pues se dedicaba a la construcción, y cambió de giro el 3 de diciembre de 2018, a los dos días de que tomó posesión el actual gobierno federal. También se detectaron movimientos bancarios por transferencias por 3 millones de pesos realizadas por una empresa de energía entre 2019 y 2020, cuando se desempeñaba como funcionario.
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En las investigaciones también aparece el nombre de René Dávila de la Vega, empresario de Corporación en Asesoría Financiera, con la que Segalmex estableció un fideicomiso que resguarda alrededor de 800 millones de pesos.
Sólo han sido detenidos Jorge Humberto González Bocardo, coordinador de operaciones en Diconsa, el exdirector jurídico de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena; la excoordinadora de la Gerencia Presupuestal, Laura Patricia Hernández; el subgerente de la Dirección Comercial, Roberto Rivera Ramos; los subjefes operativos Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez, y Gonzalo Mora Nateras, José Miguel Ojeda Antonio y Jorge Saúl Romero Valencia.
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