La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó a través de un comunicado, que ya inició las acciones legales pertinentes que garanticen la seguridad a víctimas indirectas, así como la procuración de justicia, luego del feminicidio ocurrido el lunes pasado en contra de Abril N, en la alcaldía de Coyoacán.
El comunicado refiere que se contemplan ya una queja ante el Consejo de la Judicatura con relación a la actuación de dos jueces de control y un magistrado, además de dar vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para iniciar una investigación al respecto.
La procuraduría capitalina informó que la víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Publico de la PGJ en enero pasado, en donde se inició una carpeta de investigación, misma que se judicializó para formular imputaciones al acusado de la comisión del delito de feminicidio, en grado de tentativa.
“Derivado de ello, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan “N” y le fijó prisión preventiva oficiosa hasta que el pasado 08 de noviembre, un magistrado ordenó llevar a cabo la revisión de las medidas cautelares y, el mismo juzgador, determinó reclasificar el delito como violencia familiar y lesiones, mientras que otro juez ordenó la libertad del imputado” se lee en el comunicado.
Tras lo anterior, el Ministerio Publico apeló la resolución argumentado que la vida de la víctima estaba en riesgo, a pesar de esto, el juzgador solo concedió la prohibición de acercarse a la víctima y a su menor hijo, además de prohibirle abandonar el país.
La procuraduría capitalina informó que ya realiza la investigación correspondiente para ubicar y detener al o los probables responsables del crimen, esto a través de la Fiscalía de Homicidios.
Informó que desde el momento en que la víctima presentó su denuncia se le brindo el acompañamiento y asistencia de igual forma a la que se le ofrece ahora a sus familiares.
Por su parte el Consejo de la Judicatura Federal condenó enérgicamente todo acto de violencia en contra de las mujeres, a la vez que dio a conocer que el juez acusado de restar cargos al agresor no pertenece al Poder Judicial de la Federación.
En un mensaje enviado a los medios de comunicación explicó que se trata un Juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siendo el Poder Judicial de la Ciudad de México quien corresponde evaluar su conducta esto mediante el Consejo de la Judicatura local en la CDMX.
JLP
