CONTINÚA CON FUERO FISCAL DE MORELOS
Con 21 votos a favor, 13 en contra y una abstención, legisladores de la Cámara de Diputados no aprobaron el desafuero del fiscal de Morenos, Uriel Carmona Gándara. Ello, debido a que no se logró la mayoría calificada. En tanto, el juez de control de garantías, Ramón Villanueva Uribe, decretó ilegal la detención de los jóvenes acusados presuntamente de agredir el convoy de seguridad del fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara. El magistrado ordenó la libertad inmediata de Israel y Javier porque ninguno iban armado, y nunca estuvieron en posición ventajosa contra los guardias del funcionario
FGR DEBE DAR A CONOCER CAUSAS PENALES DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DE 2012 A 2021
La Fiscalía General de la República (FGR) debe buscar y dar a conocer las causas penales del delito de enriquecimiento ilícito, del 1 de enero de 2012 al 1 de marzo de 2021, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La información deberá estar desglosada por año, entidad federativa, número de causa penal, nombre del juzgado o tribunal y el estado donde se ubica, sentido de la sentencia y en qué consistió, así como el nombre de la persona servidora pública sentenciada, institución a la que pertenecía y su cargo. “En la medida en que la información solicitada sea entregada, el derecho de acceso a la información funcionará como una herramienta para lograr un escrutinio social crítico y democrático sobre la actividad del sujeto obligado en la persecución del delito de enriquecimiento ilícito”, afirmó la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Al presentar el caso ante el Pleno, planteó que, de acuerdo con el segundo informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, se presentaron 106 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delitos que pudiesen afectar los intereses de la Federación, de las cuales 39.6 por ciento fueron por enriquecimiento ilícito. “Para prevenir, identificar y, en su caso, sancionar este delito, así como los actos de corrupción en los que pudieran incurrir las y los servidores públicos, es fundamental garantizar la máxima publicidad de la información, pues ello nos permitirá dimensionar el problema, conocer los avances, detectar o advertir irregularidades y encontrar nuevos enfoques para diseñar políticas públicas más eficientes”, sostuvo Ibarra Cadena. En alegatos, la Fiscalía modificó su respuesta y, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, entregó un cuadro con los datos del año, juzgado, entidad federativa, sentido de la sentencia y persona sentenciada, de 2013 a 2019, clasificando como confidencial el nombre de la persona sentenciada de un asunto de 2016. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción indicó que comenzó operaciones en marzo de 2019 y, a partir de ese momento, comenzó a generar su archivo, por lo tanto, proporcionó la información con la que contaba.