La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca a otros ex funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez de la pasada administración a fin de ser detenidos y llevados a prisión por su presunta relación con el denominado Cártel Inmobiliario. En tanto que la Interpol México de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) emitieron una Ficha Roja y Alerta Migratoria, respectivamente, en contra del diputado local de la CDMX y ex alcalde de Benito Juárez, Christian “N”, luego de que el Ministerio Público le fincó responsabilidad penal por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como el diverso de asociación delictuosa.
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Para la localización y captura del legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Christian “N”, la Fiscalía de la CDMX solicitó la intervención de 190 países a través de la alerta migratoria y la emisión de la ficha roja.
Además, el Ministerio Público formuló imputaciones a tres ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, por su probable participación en la comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa.
Luego de celebrarse audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el representante social de la Coordinación General de Investigación de Territorial obtuvo la vinculación a proceso para José “N”, a quien además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, y se fijaron cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
En tanto, a la defensa de Ismael “N”, y Alejandro “N”, la autoridad judicial les concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que deberán permanecer en prisión preventiva justificada.
Cabe recordar que dichas aprehensiones, realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), tuvieron lugar en el Estado de México, alcaldía Iztapalapa y en el estado de Jalisco, respectivamente.
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Las indagatorias realizadas hasta el momento han permitido que la Fiscalía General de Justicia abriera una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex servidores públicos ya procesados, que podrían configurar posible asociación delictuosa.
Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.
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