Comerciantes establecidos del Estado de México solicitan la intervención urgente del gobernador Alfredo del Mazo para frenar la extorsión de la que dicen ser víctimas por malos empleados de gobierno quienes les exigen la entrega de diversas cantidades de dinero para autorizarles la reapertura de sus negocios, los cuales mantuvieron cerrados durante varias semanas por la pandemia de COVID-19.
Se trata de un grupo de 100 comerciantes, aproximadamente, que señalan que esto ocurrió durante el semáforo rojo y su transacción a naranja; el lunes pasado, cuando se amplió la reapertura de diversos giros como gimnasio, papelerías, tiendas de ropa, jugueterías, y tiendas de electrónicos, también estaciones de gasolina y estaciones de Gas Licuado de Petróleo (LP), muchos de ellos instalados en plazas comerciales.
“Pasa lo mismo, al comercio informal lo apoyan siempre, nunca les dicen nada y nosotros que respetamos las reglas, pagamos impuestos y generamos empleos, nos extorsionan los propios funcionarios. No han entendido que el país está cambiando y nosotros también, por eso no nos dejamos y alzamos la voz”, dijo Mariana Reygadas, administradora de uno de esos negocios.
Acusaron que verificadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios estatal realizan una serie de revisiones “extremas” y al considerar que no se cumple con el Plan de Regreso Seguro y demás normas aplicables, piden dinero para autorizar la reapertura.
“Invertimos en equipar a nuestro personal, compramos gel antibacterial, cubrebocas, caretas, termómetros, capacitamos a la gente, es un gasto fuerte, pero entendemos que es parte de la nueva normalidad, pese a ello, nos quieren clausurar y nos piden 20 mil pesos por semestre para que no nos molesten”, agregó otro comerciante establecido.
Dijeron que los verificadores amenazan con clausurar sus negocios o iniciarles un procedimiento administrativo para multarlos, e incluso, ha habido casos en los que se ponen sellos de suspensión sin justificación.
Destacaron que ya han hablado con el titular de la comisión, Francisco Osuna Sánchez, pero no ha habido ningún cambio, “lo que nos hace pensar mal, obviamente que estaría coludido”, comentó Claudia Pantoja, empleada de un restaurante ubicado en el centro de Toluca.
Dijeron que esta situación ocurre en varios municipios del Estado de México por lo que se trata de un caso grave. “Están en todos lados y no es justo que no nos dejen trabajar ni recuperarnos de la situación que estamos viviendo”, agregó Pantoja.
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Rodrigo Carrasco, encargado de una estación de gasolina en Toluca, señaló que es injusto lo que hacen estos malos servidores públicos. “Estuvimos cerrados, con poca venta y apenas que todo se está reactivando, nos salen con eso. No se entiende ni se ve el apoyo real del Gobierno del Estado, nos quieren ahorcar a nosotros, que pagamos impuestos, generamos empleo, cuidamos a nuestros empleados y los consumidores”, consideró.
La Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), depende de la Secretaría de Salud en el Estado de México. Por ello, los inconformes han buscado la manera de acercarse a esa dependencia estatal a fin de que se tomen cartas en el asunto.
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