El titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara López, dio a conocer el modus operandi del cártel Inmobiliario, según el testimonio de un empresario que narró el funcionamiento de dicho grupo conformado por servidores públicos y de la industria de bienes raíces.
"La red de corrupción con la cual distintos ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, ofrecieron protección a las empresas constructoras para evitar contratiempos durante la construcción de inmuebles, la forma con la que operaron algunos funcionarios para solicitar dinero y el destino de esos recursos monetarios", dijo Lara.
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El fiscal, omitió la identidad del empresario quien "conoció a Luis “N” alrededor del año 2010, en la entonces delegación Benito Juárez; el contacto dijo, fue un amigo en común, con el propósito de tramitar todo lo conducente a licencias de construcción".
Explicó que "en suma, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación".
El empresario reveló que cuando la obra estaba por concluirse, "en ese momento me pide una cantidad de 250 mil pesos, mucho mayor a la que en algún momento yo había otorgado años atrás".
En el año 2011 el empresario tenía una obra por desarrollar en la calle de Pitágoras, y que acudió a la oficina de la delegación a visitar a Luis “N” para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble, narró Lara López.
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Asimismo, el testigo declaró que hicieron de su conocimiento "que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado… para lo cual me pidió que apoyara con la cantidad de 200 mil pesos en apoyo a dicha candidatura, accediendo a su petición (...), directamente a sus oficinas en la delegación Benito Juárez…”
En continuación con las declaraciones, aseguró que recibió un contrato de Luis “N” como constructor, a inicios del año 2017, en calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes, mismo que hacían en asociación con el entonces delegado en partes iguales.
La operación de dicho cartel tuvo operaciones al menos tres sexenios a través de apoyos económicos y "sobornos" para brindar protección en dichos proyectos.
Bajo proceso judicial por este caso, está el exalcalde de Benito Juárez, Christian “N”, capturado en abril del año pasado en Tamaulipas y pretendía llegar a Estados Unidos, así como la hermana de Christian “N”, Sofía “N”, detenida en Querétaro en febrero del 2023, ligados a actos de corrupción.
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